El consorcio integrado por la suiza Datamars y una filial local llamada Farm Tech Argentina SA resultó ganador de la licitación realizada por el Estado nacional argentino para adquirir 23,5 millones de caravanas electrónicas.
Esa adquisición se realizó en el marco de la implementación de un sistema obligatorio de trazabilidad individual para todo el rodeo vacuno –también bubalinos y cérvidos– que comenzará a regir en 2025.
La iniciativa fue activamente promovida por Juan Alberto Pazo cuando era secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía; recientemente el funcionario fue designado titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La cuestión es que el dispositivo digital que resultó ganador de la licitación es el mismo que emplea la empresa Invernea SA, que gestiona fideicomisos ganaderos y pertenece a Pazo.
En la licitación presentaron ofertas las empresas argentinas Carreteles Rafaela SA, Villanueva SA (distribuidor de Allflex), ACA y Lecvet (Durflex), pero no pudieron competir con la tecnología TrueTest de Datamars y Farm Tech Argentina SA; esta última empresa es controlada por Datamars Brasil Tecnologia Agropecuaria LTD y tiene a Lisandro Augusto Aredes Alves de Souza como accionista minoritario.
La utilización de identificación electrónica para todas las categorías de ganados bovinos, bubalinos y cérvidos será obligatoria a partir del 1 de julio de 2026, momento a partir del cual comenzará a regir el “Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino”, que deberá registrar todos los movimientos de los animales de manera de garantizar la trazabilidad individual.
Para poder abonar los dispositivos digitales, Pazo decidió desviar un préstamo internacional del Banco Mundial de sus objetivos originales. Así, parte del dinero del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que debía destinarse mitigar el cambio climático, se utilizará para cancelar la adquisición de dispositivos de identificación individual animal y lectores móviles.
Entre los requisitos contemplados en el crédito establecidos por el Banco Mundial se indica expresamente que “los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco (Mundial) y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas”.
Y también se señala que se “rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión”.
