Esta semana llegó a la redacción de Bichos de Campo un audio de un productor agropecuario en el que manifestaba una inquietud respecto a un título que leyó en este medio y le despertó sospechas.
El productor agropecuario es un ganadero y agricultor del partido de Roque Pérez, en Provincia de Buenos Aires, que leyó el encabezado: “Volvió la obra pública? El gobierno le contó a la Mesa de Enlace que retomó las obras de dragado de la Cuenca del Río Salado”.
Con esa expresión, titulamos la crónica de lo ocurrido al término de una reunión entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional, acontecida el lunes 29 de septiembre, en la que las autoridades gubernamentales le comunicaron a los gremialistas del campo que se retomaban inmediatamente las obras de dragado del Salado Bonaerense, que lleva años sin avance, y gracias a ese deterioro actualmente hay más de 3 millones de hectáreas improductivas en la provincia por estar bajo agua, intransitables, o sin piso para realizar las labores agrícolas.
Al término de la reunión con los productores, el gobierno también difundió un comunicado de prensa explicando los detalles de las obras, que evitarían futuras inundaciones, nada se puede hacer ya por las hectáreas perdidas.
“El Gobierno Nacional comenzó las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, una obra fundamental para el desarrollo de la producción agropecuaria”, comenzó diciendo esa orgullosa comunicación. Lo que salieron a festejar, era la realización de la primera etapa de esta obra que comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo”. “Se trata de la respuesta a un reclamo histórico del agro por la continuidad de las obras, lo que permitirá evitar anegamientos, inundaciones y pérdidas millonarias”, agregó luego la misiva oficial.
Con esta idea en la cabeza, y con el paso de los días, sin ver movimiento en la zona, el productor bonaerense Ignacio Iturriaga se comunicó con este medio para expresar lo que estaba viendo: Su campo tiene 6.500 metros de costa contra el Salado, tiene una buena parte anegada, y está justo en el tramo de los 33,5 kilómetros de obra que faltan realizar para encauzar el río por completo. Incluso desde el lote bajo de Iturriaga, se puede ver una de las grandes dragas que están sobre el curso fluvial, propiedad de la empresa contratista, que se encuentra sin actividad, pese al anuncio oficial.
Las horas fueron pasando, se convirtieron en días y la actividad no comenzó. Las obras siguieron sin activarse, fue entonces cuando se espabiló el humo del anuncio, y se supo la verdad, gracias a un comunicado de las empresas operadoras del dragado, es decir, las contratistas de la obra, que denunciaron que efectivamente las obras no estaban por reactivarse, sino solo una pequeña parte.
“El Gobierno Nacional anunció con fuerza el relanzamiento de las obras de ampliación y rectificación del Río Salado —una de las intervenciones hidráulicas más importantes del país—, pero detrás del discurso oficial se esconde una realidad distinta. Los sectores que cuentan con un grado significativo de ejecución, superiores al 50%, continúan paralizados desde hace más de dos años. En esos tramos, el Estado mantiene deudas millonarias en certificados impagos y redeterminaciones nunca abonadas, que ahogan financieramente a las empresas que se animaron a sostener la actividad en medio de la crisis económica”, expresaron.
A su vez, desde los equipos de dragado explicaron: “En cambio, la puesta en marcha se concentra en aquellos segmentos que aún no habían comenzado, donde el nivel de deuda es mínimo o inexistente. Con este criterio, el Gobierno Nacional logra EXHIBIR un SUPUESTO inicio de obras, pero en los hechos solo se reactiva una tercera parte de lo originalmente contratado, dejando en el ABANDONO las zonas más adelantadas y críticas del proyecto. La paradoja es evidente: se castiga a quienes cumplieron y ya habían concretado buena parte de los trabajos, mientras se prioriza empezar de cero en tramos más “livianos” desde lo financiero”.
El resumen, según los operadores de las dragas, es simple: “En definitiva, lo que se presenta como un gran relanzamiento, no es más que una maniobra política para mostrar algo de movimiento en épocas electorales en una de las más importantes obras públicas que por ahora seguirá injustificadamente paralizada”.
Iturriaga, que nuevamente no podrá sembrar una buena parte de su campo por tenerlo bajo agua, lo explica muy claro. Según el, los 760 kilómetros de obras del Salado, que están terminadas, son como una autopista de 6 carriles, por los que el agua escurre y transcurre hasta la Bahía de Samborombón, donde se encuentra finalmente con el mar. En esos 33 kilómetros, “la autopista” se transforma en un “camino vecinal, de tierra”, y eso desborda.
Una simple vista satelital de la zona en Google Maps muestra el tramo que falta, donde unos 45 productores agropecuarios sufren los desbordes, antes que el agua vaya a otras regiones, como 9 de Julio, Carlos Casares o Pehuajó.
La paralización de las obras, no es nuevo, ni responsabilidad de esta gestión nacional. La disputa con provincia por los fondos, es un aspecto clave. Si bien la obra es responsabilidad del Gobierno Nacional de turno, no es exclusiva responsabilidad de este, ya que la obra tendría que haber estado lista hace más de 10 años. Lo cierto, es que en este contexto electoral, y el fuerte ajuste que afecta principalmente a la obra pública, la gestión de Milei anunció con bombos y platillos una reactivación que no es tal, contado por los propios productores que ven las enormes dragas paralizadas desde su casa en el campo, tomando un mate, pero mascando bronca.
En estos días, productores rurales y vecinos de la zona de Roque Pérez elevaron un pedido formal a la Dirección Provincial de Hidráulica para que se realice una obra de emergencia hídrica en el puente de la Ruta Nacional 205 sobre el río Salado. Según plantean en la nota presentada el 4 de agosto, la actual estructura resulta insuficiente para permitir el escurrimiento normal del caudal, lo que desde hace más de cinco meses mantiene a las explotaciones bajo agua y genera anegamientos permanentes.
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Uno de ellos llegó a contar a este medio, que hace algunas semanas, el agua arraso con su rodeo bovino. Una creciente repentina se llevó unas 40 vacas de un rodeo de 45: algunas fueron encontradas sin vida aguas abajo, otras directamente no aparecieron más.
En el escrito advierten que esta situación no solo afecta directamente la producción agropecuaria, sino también la transitabilidad y la seguridad vial. Los productores sostienen que el cuello de botella hidráulico impide el drenaje de los campos y compromete el abastecimiento de alimentos, poniendo en riesgo fuentes de trabajo y la economía regional.
La solicitud incluye tres puntos centrales: que se evalúe técnicamente la insuficiencia del puente actual; que se disponga de manera inmediata una obra de emergencia que aumente la capacidad de escurrimiento —ya sea mediante un bypass hidráulico lateral o la apertura controlada de la calzada con alcantarillas de gran diámetro—; y que se contemple, en el marco del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, la ampliación definitiva del puente.
En la presentación también se remarca que se trata de una obra sobre una ruta nacional, por lo que la conservación y adecuación es responsabilidad de Vialidad Nacional. Además, señalan que cada día que pasa con el puente bajo agua agrava la situación y genera pérdidas irreparables en la región.
El documento lleva la firma del secretario de Empleo, Producción y Turismo de la Municipalidad de Roque Pérez, Ricardo Luis Rinaldi, junto a un extenso listado de productores y vecinos que acompañaron la iniciativa.
Los días transcurren sin cambios en el río, pero acrecientan el malestar de cientos de productores que ven sus campos bajo agua, los caminos para llegar a ellos, o simplemente ven las enormes dragas paralizadas, pese a los anuncios oficiales.
A la acusaciones cruzadas entre gobiernos, la desidia de los gobernantes, y la bronca incontrolable de los habitantes rurales, se suma ahora el aprovechamiento con fines electorales de una situación límite, donde está en juego poco menos del 20% de la producción de maíz de Argentina, y de forma no menor, la vida de cientos de pobladores, entre productores y vecinos, que tienen que soportar el agua y los anuncios mentirosos.
