En los próximos tres meses la Administración General de Puertos (AGP) deberá concesionar el servicio de señalización y dragado de la Hidrovía del Paraná por un plazo de un año.
En términos políticos, esa decisión implica un nuevo avance del kirchnerismo sobre las diferentes estructuras del Estado nacional para imponerse como figura preponderante dentro de la coalición gobernante que encabeza el presidente Alberto Fernández.
“Solicitamos que la AGP, que ahora es la autoridad en lugar del Ministerio de Transporte, haga una rápida convocatoria para la licitación correspondientes al período de doce meses, que sea transparente y sólida técnicamente, de manera tal de asegurar que haya un concesionario que opere las tareas dragado y balisamiento”, indicó hoy el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, a Bichos de Campo.
“En segundo lugar, lo que buscamos es que en la licitación ‘corta’ el cobro de la tarifa vaya en forma directa al concesionario, sobre todo en una situación en la cual la bajante del río Paraná es tan profunda, lo que torna al servicio de dragado en una cuestión muy delicada y urgente”, añadió.
En lo que respecta a la situación actual, en la cual la empresa Hidrovía S.A. mantiene el servicio de dragado en el marco de un contrato “precario” con el Estado nacional, Idígoras indicó que “necesitamos que haya condiciones de navegavilidad todos los días y para eso solicitamos que el dragador siga prestando servicios hasta tanto se efectivice la nueva concesión”.
Vale recordar que la gestión del servicio prestado por Hidrovía S.A. –concesión que venció el pasado 30 de abril y fue prorrogada por 90 días– se abona con recursos provenientes del sector agroindustrial argentino, dado que la compañía cobra un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual es abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores).
El decreto de estatización parcial de la Hidrovía, a partir del cual se instrumentó la decisión proveniente de la usina intelectual del kirchnerismo –el Instituto Patria–, señala que, si bien la AGP será la encargada de realizar la concesión por el plazo de un año, el contrato del mismo deberá ser diseñado por el Ministerio de Transporte, que está a cargo del massista Alexis Guerrera.
En principio, Guerrera seguirá a cargo del proceso de licitación internacional a partir del cual se establecerá, una vez vencido el plazo de un año de la concesión “corta”, un nuevo contrato de largo plazo con el concesionario que resulte ganador del proceso.
