El sábado pasado se conocieron dos decretos en el Boletín Oficial: uno que aumenta los derechos de exportación a los derivados del poroto de soja y otro que crea un nuevo “fondo compensador” para subsidiar a la molinería. Luego, en conferencia de prensa, el ministro de Agricultura Julián Domínguez anunció la apertura de un nuevo cupo de exportaciones de trigo 2022/23 por 8,0 millones de toneladas, que se suman a los 2,0 millones ya autorizados, aunque esto último aún no se concretó.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), cuestionó las políticas de cupos y reclamó que la medida se haga efectiva porque el aumento de retenciones ya rige, pero todavía no hay novedades sobre la posibilidad de anotar exportaciones del cereal del nuevo ciclo.
“Con respecto a los cupos, es una política que en su momento objetamos tanto desde el Centro de Exportadores como desde las mesas intersectoriales de maíz y trigo. También objetamos la creación del fideicomiso para subsidiar los productos farináceos. Ahora bien, el ministro anunció el sábado que había un nuevo cupo de 8,0 millones de toneladas, pero no sucedió y no sabemos si va a suceder, ni cómo ni cuándo, por lo que reclamamos que cumpla lo que anunció”, dijo Idígoras a Bichos de Campo.
El titular de la Ciara-CEC explicó que no tiene sentido no hacerlo porque no va a afectar en nada el precio del pan en el mercado interno, que “el gobierno dice que quiere proteger”, porque se tratan de cupos para la campaña próxima, es decir, de cereal que aún ni siquiera se sembró. “No entiendo porqué no es efectivizado”, señaló.
Idígoras sostuvo que ese cupo “no hay que verlo como una medida compensatoria al incremento de los derechos de exportación a la harina y el aceite”, porque “una cosa es dañar al empleo y a la primera industria exportadora del país y otra cosa es abrir un cupo a cubrir para el ciclo de exportación 2022/23”, agregó.
Consideró además que esto le permitiría al productor contar con señales de precios en el arranque de la campaña y tomar decisiones de inversión, al tiempo que a los exportadores les permitiría ir cerrando negocios para poder planificar embarques en la nueva campaña del cereal. El Estado, en paralelo, se vería beneficiado porque los derechos de exportación agrícolas se abonan en un 90% por adelantado una vez declarada una operación de exportación y no cuando se concreta el embarque, algo que puede suceder hasta un año después de registrada la exportación ante el Ministerio de Agricultura.
“Se paga cuando se registra y al Estado por este cupo le podrían entrar 300 millones de dólares”, explicó Idígoras, para luego agregar que “el ministro (Domínguez) habló de querer favorecer al trigo, pero no confirma esta decisión, no lo entiendo”, arremetió.
Luego se refirió al nuevo “fondo compensador”, creado por decreto el sábado pasado, y destacó que se trata de una nueva intervención que va a implicar sacar dinero de “la misma billetera, porque tenemos la suba de retenciones, el fideicomiso aceitero, el de trigo y por último este fondo compensador que va a administrar el Estado, y que iría sobre toda la molinería argentina. Es totalmente absurdo ya que no garantiza que el precio del pan no suba cuando el trigo es el 15% del precio de su valor”.
