Durante décadas se discutió, cuando se discutía en serio la política pública, si los programas del Estado Nacional destinados a paliar la situación de los productores familiares más vulnerables debían depender del Ministerio de Agricultura (considerándolos sujetos de la economía y buscando salidas productivas para aquellos) o del Ministerio de Desarrollo Social (aplicando medidas de neto corte asistencialista sobre dicho segmento).
El gobierno de Alberto Fernández y Cristinas Kirchner se plantó frente a este dilema y decidió cortar por el medio la discusión: este viernes decidió crear por decreto el llamado Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como un nuevo organismo descentralizado dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Como cada vez que se manda una cagada, el presidente Fernández hizo firmar el Decreto 729/2022 por todo su gabinete de ministros, incluyendo a Sergio Massa, el nuevo titular de Economía que absorbió el área de Agricultura, degradada a Secretaría de Estado, y con ella además la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que ahora se mudará a este nuevo Instituto.
Se trata de una argucia administrativa que finalmente no resolvió el viejo dilema sobre si la política pública para los productores más pequeños debe tener un cariz productivo o un cariz social. El gobierno fue por el medio y decidió que al menos por ahora tenga simplemente un cariz militante: en la Jefatura de Gabinete pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y “Chino” Navarro. A cargo de Miguel Ángel Gómez, la Subsecretaría de Agricultura Familiar siempre fue una suerte de redil repleto de militantes de esa agrupación oficialista y ex piquetera, y de sus ocasionales aliados. Prácticamente no quedaba ni un funcionario en ese área de Agricultura que fuera un técnico del propio Estado.
Hace unos meses, Bichos de Campo anticipó que se estaba gestando esta movida, en un intento por unificar todos los espacios (y las cajas) pertenecientes en la interna del gobierno al Movimiento Evita. La jugada consistía en crear una suerte de Instituto de la Economía Popular, que pusiera bajo el ala de Pérsico y Navarro también al INAES (que entiende en materia de cooperativas y mutuales), que también está en manos del Movimiento Evita. Finalmente se fue produciendo la mudanza de esos organismos desde el Ministerio de Economía a la Jefatura de Gabinete, pero por separado.
Como sea, el nuevo Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) contará con “autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”.
Con la mudanza, hay que decirlo, se irán decenas de créditos internacionales en dólares que nutren hoy la mayoría de los programas para la agricultura familiar llevados a cabo por el ex Ministerio de Agricultura. La principal fuente financiera, en estos casos, es el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola). Cada tanto, el presidente Fernández hace anuncios especiales para el sector, como la asignación de millonarias partidas que no se concretan. O una “reforma agraria” para asignar tierras fiscales a este tipo de productores, que apenas se ha movido en tres años de gestión.
“Teniendo en cuenta que la problemática para el sector se ha ido profundizando y complejizando, resulta indispensable adecuar la normativa vigente, de forma de dotar al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal de herramientas actualizadas y eficientes para enfrentar las particularidades que la definen y condicionan”, justifica el decreto firmado por Fernández y todos suys ministros. Luego dice que la creación del Instituto permitirá “fortalecer la acción del Estado Nacional en la materia, con la participación directa de las organizaciones que agrupan al sector”.
El nuevo Instituto funcionará como la autoridad de aplicación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que se sancionó en 2012, cuando Pérsico manejaba personalmente este área y que jamás fue reglamentada por el Ejecutivo a pesar de múltiples promesas. Esta medida parece ser una manera de comenzar a zanjar esa deuda.
Ahora, en un plazo de 60 días, el nuevo titular designado por el Jefe de Gabinete, por ahora Juan Manzur, en el INAFCI, deberá elevar el proyecto de estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo.
Además de establecer que el Instituto deberá participar de la elaboración y ejecución “de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena”, el decreto le asigna la función de “entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas”, como si las formas de producción estuviesen directamente asociadas a la escala de los productores.
Además se dispone que el nuevo organismo deberá “propiciar el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores”. En este sentido, más adelante le asigna la responsabilidad de intervenir “respecto de la utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar conforme la normativa vigente al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”, así como propiciar la cesión de inmuebles estatales para los planes de creación de nuevas colonias agrícolas.
El Instituto se llevará de al órbita de Agricultura el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), con lo cual a primera vista sería mucho más dificultoso para las autoridades de esa cartera establecer políticas diferenciales (como el uso propio en semillas, por ejemplo) para los productores más pequeños que se incorporen a dicho registro.
En el artículo 6° el decreto establece que la conducción del Instituto “estará a cargo de un presidente con rango y jerarquía de Secretario (es decir, el mismo rango que Juan José Bahillo) designado por el Poder Ejecutivo”.
No será ni un experto en políticas productivas ni un especialista en políticas sociales. Seguro será un hombre del Movimiento Evita y punto.
