Durante el pasado mes de junio se cerraron las exportaciones de carne vacuna con el propósito –según indicaron funcionarios del gobierno nacional– de propiciar una mayor oferta interna del producto y forzar una baja en los precios de la hacienda y, por extensión, de la carne.
Pero los propios números oficiales muestran que el plan fracasó de manera estrepitosa, porque la inflación de la “canasta cárnica” medida por el Indec fue en el último mes del 5,0% y acumula un incremento anual del 94,5%.
La “canasta cárnica”, que mide la evolución mensual de los precios del asado, carne picada, paleta, cuadril y nalga en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, resultó superior al promedio de ajuste del último mes del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue del 3,4%.
Si bien la intervención oficial no logró contener la inflación, lo que sí concretó es generar enormes problemas económicos y financieros a muchas empresas exportadores, además de desvinculaciones, suspensiones y reducciones horarias que perjudicaron a miles de trabajadores en un contexto de aceleración inflacionaria.
También provocaron una reducción considerable en los precios tanto de las vacas de descarte como de los vientres, lo que representa un golpe económica para muchas empresas criadoras y tambos, además de alterar el sistema de formación de precios de la hacienda.
Los datos no resultan sorpresivos para aquellos que forman parte del ámbito ganadero, pues desde el día uno de la intervención empresarios, técnicos y analistas del sector hicieron el mayor esfuerzo por comunicar que, en las actuales condiciones del mercado, prohibir las exportaciones –que se componen en su mayor parte de cortes congelados provenientes de vacas de descarte– no tienen ni tendrán un impacto significativo en la oferta interna de carne bovina.
El cierre de exportaciones cárnicas se extendió desde fines de mayo a fines de junio para luego derivar en un “cepo cárnico” que limita de manera considerable las operaciones de comercio.
