La Mesa de Enlace, que insiste en autodenominarse Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, definió el nuevo “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” que impulsan Máximo Kirhcner y Carlos Heller en el Congreso, como “un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente”.
El pronunciamiento de la máxima autoridad en el agro, constituida por CRA, Coninagro, la Sociedad Rural y Federación Agraria, es el último de entre muchos que han ido metiendo el calor del agro en el debate que se aproxima en Diputados, donde Máximo pidió un tratamiento urgente de esta iniciativa para captar fondos extraordinarios de las “grandes fortunas” que existen en la Argentina, por única vez, para intentar paliar los efectos negativos de la pandemia. Ya se habían pronunciando la Fundación barbechando, Cartez, Carbap y otras asociaciones rurales.
¿Y por qué la objeción? ¿Está mal que los millonarios de la Argentina cooperen con los que menos tienen? Para los representantes de los productores, es relativamente falso que el nuevo tributo apunte solo contra la gente “rica”, pues como base del cálculo toma los bienes productivos. Así, el valor fiscal de los campos y hasta la maquinaria agrícola se incluirían dentro de las “fortunas”. Puede llegar a darse el absurdo de un contratista que esté endeudado hasta la verija por la compra de dos o tres cosechadoras, y que sea considerado como parte de la elite millonaria de la Argentina.
Para el sector, este impuesto “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”. En un gran porcentaje de los casos, aseguró, “los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves corno maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.
Por eso, para la Mesa de Enlace, más que un aporte solidario este proyecto de ley del oficialismo se trata de “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.
En un comunicado, la superestructura rural sostuvo que ese nuevo aporte “afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.
Este “aporte” impulsado por el kirchnerismo, y que se calcula en base a la declaración de patrimonio de los contribuyentes ante la AFIP, sería en realidad “un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía”, apuntó la Mesa de Enlace.
En su momento, Carlos Heller, el autor del proyecto, explicó sus alcances en Bichos de Campo:
Para la entidad, hay una contradicción en el discurso del gobierno de Alberto Fernández, donde la diferencia de posiciones respecto a este proyecto de ley son visibles. Por un lado, “se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo” pero por otro “se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo”, chicaneó la Mesa de Enlace.
Los dirigentes del agro remarcaron además que sería un tributo “contrario al federalismo”, ya que “al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.
También cuestionó el destino de los fondos que se recaudarían. “Solo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”, indicó.
“En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó el comunicado.
