Dos de las confederaciones que integran CRA, la Carsfe santafesina y la Farer entrerriana, está unidas ahora por algo más que el túnel subfluvial o el puente Rosario-Victoria: el reclamo para que se derogue parte de la última ley de manejo del fuego, que prohíbe a los dueños de campos que hayan sufrido un incendio cambiar el uso productivo del lugar o desprenderse del mismo por un extenso lapso de treinta años. La legislación surgió al calor de las acusaciones de kirchneristas y ambientalistas contra los productores del delta del Paraná, luego de los grandes incendios que unos consideraban intencionales y otros productos de la sequía.
“En diciembre de 2020, y a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años”, explicaron ambas confederaciones en un comunicado.
Luego objetaron que esa modificación “nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas”.
En el comunicado, los entrerrianos y santafesinos indicaron que “la Ley de Manejo de Fuego data del año 2012, pero los cambios introducidos por el kirchnerismo no separan, entre otros aspectos, un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un sinsentido. De este modo, la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa”.
Los dirigentes del campo se cuidan de mencionar en su escrito, a pesar de apoyar la derogación de esos tramos incluidos por Kirchner y su bloque de diputados, al autor del proyecto de ley que promueve esa modificación. Se trata de Beltrán Benedict, el diputado entrerriano de La Libertad Avanza que ganó fama en los últimos días luego de que se supiera de su visita a condenados por la represión en la última dictadura militar, entre ellos el capitán de navío Alfredo Astiz.
“A partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos reveer los artículos que conspiran contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consigue, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen”, disimula el comunciado.
