El uso de agroquímicos en la agricultura moderna ayudó a estabilizar los rindes y a combatir enfermedades y plagas, pero también despertó temores y críticas de diferentes sectores sociales y agrupaciones ambientalistas que conviven con los productores. El avance de esas posiciones impulsó a que la justicia entrerriana a prohibir el uso de fitosanitarios sobre nada menos que 280 mil hectáreas. Lo que dijeron los jueces es que no se los puede aplicar a menos de 1.000 metros de cada una de las 900 escuelas rurales que tiene la provincia.
El caso de Entre Ríos es solo un ejemplo de muchos, pues esta problemática lleva años. Desde el Gobierno nacional recogieron el guante y prometieron trabajar en recomendaciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas, pero por ahora no hubo mayores novedades y ante la urgencia de la crisis es poco probable que el tema avance con la velocidad que se requiere.
Ante el vació que deja el Estado aparecen entonces algunas vías de solución desde el sector privado. En Aapresid, el área de Agricultura Sustentable desarrollo un sistema mediante el cual un municipio puede interntar certificar las buenas prácticas agrícolas y adoptar así el sello de “municipio verde”. Hace pocos días la localidad de Monte Buey, en pleno cinturón maícero de Córdoba, fue el primero en lograrlo.
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Gabriel Pellizzon, subdirector de esa área en la entidad que reúne a los productores que hacen siembra directa, explicó a Bichos de Campo que lo que se logra así es que los gobiernos comunales cumplan y hagan cumplir determinadas prácticas agrícolas que garantizan el cuidado del medio ambiente en las zonas periurbanas. La auditoría la realiza el IRAM y el municipio es el que controla que los productores cumplan con lo prometido.
“Así se lleva tranquilidad a la población de que se hacen las cosas bien y se logra que el área periurbana sea un punto de encuentro y no de debate y de conflicto”, explicó el productor.
Pellizzon, que es ingeniero agrónomo y tiene campo en Los Surgentes, agregó que a nadie le conviene que se dejen se usar insumos químicos en la agricultura, porque eso implicaría menos producción y así se vería afectada la economía macro pero también la de los pueblos de zonas rurales “Eso no le conviene al productor ni a los argentinos”, dijo el directivo de Aapresid.
El productor agregó que el sistema de certificación de “Municipio Verde” incluye la instalación en cada localidad que se postula de una estación meteorológica que constantemente emite y procesa información local, así todos los habitantes -mediante una aplicación para dispositivos móviles- puede contar con datos sobre la situación ambiental.
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Una aplicación desarrollada, a partir de esa información, marca con color verde si se pueden hacer aplicaciones en ese momento, y las prohíbe con un color rojo cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas. De este modo cualquiera puede controlar el trabajo de contratistas o productores.
El proceso para lograr la certificación puede llevar pocos meses o hasta un año, dijo el productor, que además contó: “Nos llueven los municipios que nos llaman. Esta semana tengo que ir a dos lugares en Córdoba que quieren tener el sello verde”.
