Funcionó la motosierra: Milei espera cerrar su mandato con un recorte presupuestario de más del 60% en el área de Agricultura y de casi 50% en el INTA

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado ayer por el gobierno, que se encamina a su último año de gestión, termina de confirmar lo que el sector sabe, aunque a veces se haga el distraído: que la política agropecuaria está realmente fuera de las prioridades del oficialismo. Basta con ver los números para confirmar que la motosierra ha funcionado (¡y cuánto!).

De acuerdo con el documento de más de 3.400 páginas, se destinarán 129.865 millones de pesos a los programas de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Administración Central, donde funciona la Secretaría del área.

En una mirada más amplia, la función presupuestaria “Agricultura, Ganadería y Pesca” -que también comprende partidas de organismos descentralizados como Senasa, INASE e INIDEP- contará con $472.394 millones. Según los cálculos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), ese monto representa una caída real del 66,6% respecto de 2023 -último año de gestión de Alberto Fernández- aunque implica una recuperación de 5,8% frente al crédito vigente de 2026.

Respecto de la distribución de esos 129.865 millones, el monto se destinará a los siguientes puntos:

• Actividades comunes a los programas de Agricultura, Ganadería y Pesca: $6.984 millones.
• Políticas para el aumento de la producción y productividad en las cadenas agroindustriales: $106.010 millones.
• Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario: $9.644 millones.
• Administración y Control Comercial Agropecuario: $7.227 millones.

Respecto al caso particular de Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el gobierno prevé una asignación de 288.666 millones de pesos.

De ese monto total, casi la mitad (138.586 millones) corresponde a Actividades Centrales. Dentro, sus principales programas también acusaron recortes:

• Inocuidad y Calidad Agroalimentaria recibirá 66.705 millones de pesos, un 35,1% menos en términos reales que en 2023 y 1,4% menos frente al crédito vigente de 2026.
• Sanidad animal recibirá 46.184 millones de pesos, un 43,5% menos en términos reales que en 2023 y 1,1% menos respecto al crédito vigente de 2026.
• Protección Vegetal recibirá 37.191 millones, un 60,3% menos en términos reales que en 2023 y 6,9% menos respecto al crédito vigente de 2026.

Pero la sangría no terminó en esa área dependiente del Ministerio de Economía. También alcanzó nuevamente al ya golpeado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En ese caso, el presupuesto definido para el ejercicio 2027 -que dentro del proyecto se encuentra clasificado en la función Ciencia, Tecnología e Innovación-, ronda los 315.538 millones de pesos. De acuerdo con los datos sistematizados por el OCEPP, aquella cifra supone una caída del 49,8% respecto al año 2023, y una nueva baja respecto al 2026, en torno al 17,7%.

Esa caída también se refleja en los tres grandes programas entre los que se distribuye ese dinero:

• Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE) recibirá 238.027 millones de pesos, un 50,4% menos que en 2023 y 14,9% menos que en 2026.
• Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT) recibirá 51.856 millones de pesos, un 52,2% menos que en 2023 y un 18,3% menos que en 2026.
• Actividades Centrales recibirá 25.655 millones, un 36% menos que en 2023 y un 36,3% menos que en 2026.

Las retenciones se resisten a perder protagonismo: En 2027 el gobierno espera recaudar 17% más en términos reales y aumentar su peso en el PBI

Otro dato a tener en cuenta es que de los 315.538 millones de pesos totales, 311.352 millones son gastos corrientes y apenas 4.186 millones son gastos de capital. Dentro del gasto total, 274.142 millones de pesos corresponden a remuneraciones.

Y el proyecto suma otro cambio relevante para el organismo. En su artículo 21 propone derogar el inciso a) del artículo 16 del Decreto-Ley 21.680, incorporado en su redacción actual por la Ley 25.641 de 2002, que establece una fuente específica de financiamiento vinculada al valor CIF de las importaciones.

El mecanismo tuvo distintos antecedentes: la norma original de creación del INTA, de 1956, contemplaba una contribución del 1,5% sobre exportaciones agropecuarias; ese esquema fue dejado sin efecto en 1992 y sustituido por una asignación vinculada a las importaciones.

Fuente: Con aportes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).