Con gastos totales previstos en el orden de los 184 billones de pesos, la aprobación del Presupuesto 2026 a finales de diciembre cristalizó un nuevo achique en el gasto público: la ley sancionada por el Senado supone una caída del 2,5% en términos reales -considerando la inflación proyectada por el Ejecutivo- respecto del cierre del 2025.
En particular, Educación volvió a quedar por tercer año consecutivo con un gasto menor al 1%, algo que no había ocurrido en la última década. Fue el artículo 30 del proyecto aprobado el encargado de derogar la Ley de Financiamiento Educativo, que exige que el gasto en el área sea al menos del 6% del PBI.
Ahora bien, en la volteada también quedó incluido el Fondo Nacional para la Educación Técnica –que ampara tanto a las industriales como a las agropecuarias-, cuyo tope de gastos mínimos (0,2% del total ingresos corrientes) resultó eliminado.
Esto motivó la presentación de un recurso de amparo, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de alumnos, familias y docentes de escuelas técnicas, bajo el argumento de su inconstitucionalidad.
La explicación jurídica que sostiene es que una ley anual, como lo es la de presupuesto, no puede derogar leyes permanentes que garantizar derechos como lo son el derecho a la educación y a la ciencia.
“Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío del Poder Legislativo y una violación al principio republicano”, indica el amparo presentado.
Pero este no fue el único embate contra el Presupuesto. Sucede que el mencionado artículo 30 también derogó los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban los parámetros de financiamiento para esa área.
Por tal motivo, miembros de la Red de Autoridades de Instituto de Ciencia y Tecnología (RAICYT) –donde participan referentes de INTA, INTI y Conicet- elaboraron otro recurso de amparo adicional que presentaron esta semana en la Justicia. Utilizando el mismo argumento de la inconstitucionalidad, apuntaron a la falta de garantía del derecho a la ciencia.
“Estas acciones violan el derecho humano a la educación, el caso de las escuelas; y a la ciencia y al desarrollo, a partir de que implementan políticas totalmente regresivas. Yo encabezó el amparo en ciencia, habiendo sido vicepresidenta de INTA, porque es importante entender que no hay posibilidad de desarrollo sin educación, ciencia y tecnología”, señaló a Bichos de Campo la investigadora Nacira Muñoz.
En el caso particular del amparo que Muñoz integra junto a otros referentes, y que fue elaborado por la Red de Autoridades de Instituto de Ciencia y Tecnología (RAICYT), otro de los argumentos clave apunta a la violación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el mencionado derecho humano a la ciencia y pone en cabeza de los Estados la obligación de garantizarlo.
“Este Tratado Internacional está puntualmente receptado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Asimismo, la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19, llamada Nueva Cláusula para el Progreso, consigna parte de las obligaciones y atribuciones del Congreso a la Nación, y establece la obligación también de propender al desarrollo de la ciencia”, justificaron desde aquel colectivo.
Mirá el amparo presentado por RAICYT acá:
Cabe aclarar en este punto que, si bien el INTA tiene su propio presupuesto, las erogaciones aquí contempladas –y ahora derogadas- se destinan a los proyectos considerados “extra presupuestarios”.
“Nosotros tenemos, de hecho, otro amparo presentado, sobre el que la Justicia ya falló a favor nuestro, respecto del financiamiento internacional en ciencia y tecnología, del que el INTA se nutre enormemente”, indicó Muñoz.
Y añadió: “Lo importante a transmitir con esto es que el golpe es grande y atraviesa a todos los campos e instituciones. En el caso del agro, quienes se dedican a las ciencias agropecuarias quedan desamparados. La producción es ciencia. Yo soy docente en la Universidad y este año que pasó nos encargamos de comprar muchos de los materiales reactivos o descartables con dinero propio. A eso se suma el golpe a las escuelas técnicas agropecuarias, cuya importancia y valor es enorme. Desde el Conicet, el INTI y el INTA acompañamos los procesos de profesionalización de la educación técnica”.
Los amparos presentados aguardan aún por una decisión de parte de la Justicia.
