Las reformas laborales que han sido incorporadas en la denominada Ley Bases, que busca su aprobación en el Senado, luego de la media sanción lograda en Diputados, han desatado una polémica inusual entre las entidades de productores agropecuarios y el sindicato UATRE, que conviven en el marco del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre).
La polémica es grotesca justamente porque ambos sectores, al conducir desde hace 20 años alternativamente ese ente mixto que debe trabajar por la registración y formalización de los trabajadores del campo, no parecen tener idea ni siquiera de cuántos son.
El gremio conducido por José Voytenco ha adherido al paro general de la CGT incluso denunciando que los artículos de la ley vinculados al trabajo agrario representan “un retroceso en los derechos de los trabajadores y particularmente un gran perjuicio para nuestro sector”. El punto más objetado por el sindicalista es que esta ley arrasa con las multas aplicadas a los empleadores que contratan trabajadores en negro.
“La reforma que impulsa el Gobierno con esta ley, aumentará el trabajo no registrado, acentuará la precariedad laboral, y elevará el trabajo esclavo y el trabajo infantil”, indicó la Uatre en un comunicado, donde básicamente se cuestiona:
- “Este proyecto de ley busca terminar con las Bolsas de Trabajo, haciendo lugar a la proliferación de empresas tercerizadoras y cooperativas de trabajo, modelo que ha profundizado el fraude laboral”.
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“Esta ley amplía los períodos de prueba que afectara a los trabajadores rurales de las distintas economías regionales; instala el Fondo de Cese Laboral que elimina las indemnizaciones; y la quita de multas para quienes no registren a sus trabajadores”.
Ahora, en una polémica inesperada con su contraparte en el Renatre, otro comunicado de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) retrucó que en la ley Bases “se realizaron modificaciones que eran necesarias y urgentes y que para nada lesionan los derechos de los trabajadores. Simplemente se modernizaron cuestiones que tienen que ver con el mundo productivo de hoy”.
“Resulta llamativo que desde Uatre se realicen afirmaciones temerarias y mendaces sobre los cambios introducidos, desnudando una clara intencionalidad política que poco aporta a la verdad y sólo busca confundir”, dijo la entidad que agrupa a los productores, finalmente los empleadores en este caso.
CRA fue más allá: “El gremio empaña, ensucia y estropea una relación que debiera ser madura y responsable entre las partes, ya que propina descalificaciones que ni siquiera debieran ser consideradas”.
“Ante semejante nivel de dislate y agresividad”, CRA intentó explicar la visión del sector patronal:
- “Se ha afirmado de manera falsa e irresponsable sobre un porcentaje elevadísimo de trabajadores rurales no registrados. Es tan disparatada la acusación que, de haber sido así, el sector agropecuario tendría un 1,1 millón de trabajadores de los cuales 770 mil estarían de manera irregular. Para ello el sector agropecuario debería emplear la sexta parte de la totalidad de los trabajadores del sector privado de la Argentina en forma directa. Un disparate sin pies ni cabeza. Es más, no sólo no es cierto, sino que el sector rural tiene una registración laboral muy alta y una permanencia en sus trabajos que mayoritariamente se distingue de las demás actividades”.
- “Sería sumamente positivo que el gremio que representa a los trabajadores rurales trabaje en verdad por los derechos de los mismos, y en ese sentido la mejor gestión que podría hacer es poner el acento en que funcione su obra social, Osprera, ya que hace meses que no cubre las necesidades en materia de salud de sus afiliados. Para colmo, cabe recordar que durante el gobierno anterior fue la cuarta obra social que más dinero recibió del Fondo Solidario de Redistribución del gobierno nacional en la anterior gestión: unos 30 mil millones de pesos.
