No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que son abismales las diferencias entre los Estados Unidos y la Argentina en materia de política agropecuaria. Para empezar, allá subsidian fuerte a sus productores, mientras que aquí se les quita parte de su ingreso mediante las retenciones.
En materia de llevar adelante una agricultura “climáticamente inteligente” y adaptada cada vez más a las exigencias globales de reducir la emisión de gases del efecto invernadero, las diferencias también son abismales. Pues mientras aquí a los chacareros les venden espejitos de colores con aquello de que muy pronto van a poder emitir bonos de carbono y tener un ingreso adicional por ello, en los Estados Unidos es el propio gobierno el que está apoyando económicamente las buenas prácticas ambientales.
Sin más, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) informó en las últimas horas que distribuyó más de 1.770 millones de dólares este año entre productores agrícolas y propietarios de tierras a través de su Programa de Reservas de Conservación (CRP), destinado a “apoyar iniciativas climáticamente inteligentes”.
Dentro de ese programa hay 667.000 participantes que recibieron pagos de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del USDA por sus esfuerzos voluntarios de conservación sobre más de 23 millones de acres de tierras privadas, equivalentes a 9,3 millones de hectáreas, algo más de la mitad de la superficie que en la Argentina se destina a la siembra de soja. “Desde 2021, el CRP ha crecido un 21% en términos de acres inscritos”, celebró el organismo.
“A través de la adición de herramientas para secuestrar carbono, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cuantificar mejor estos esfuerzos, hemos hecho que el Programa de Reservas de Conservación sea mejor para los recursos naturales de nuestra nación y para nuestra agricultura. productores y propietarios de tierras”, dijo el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack.
¿Cómo funciona? Claramente no hay que esperar que un mercado de bonos premie los esfuerzos de quienes tratan de hacer bien las cosas. “Estos productores y propietarios de tierras voluntariamente ponen sus tierras bajo contrato y, con un espíritu de administración, acuerdan establecer y mantener prácticas de conservación prescritas durante la vigencia del contrato”, indicó el funcionario.
Los cinco estados principales para los pagos han sido Iowa ($402 millones) Illinois (172 millones), Minnesota (150 millones), Dakota del Sur (129 millones) Missouri (99 millones).
Lo más parecido a esto, aunque enfocado todavía en otras cosas más que en la captura de carbono, que existe en la Argentina es el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que lleva adelante la provincia de Córdoba, en el que para 2023 se han inscripto 3.600 productores, que se comprometen a realizar prácticas para una agricultura más sustentable. En total esa iniciativa, sancionada por ley en 2019, repartirá entre ellos 500 millones de pesos, equivalentes hoy a solo 5 millones de dólares.
Durante la gestión del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se anunció que se iba a nacionalizar un programa semejante al de Córdoba, pero como casi todo lo que tiene que ver con ese ex funcionario, quedó en la nada misma.
