¿Es razonable que la cadena triguera tenga tanto temor a una posible contaminación del cereal convencional con la variante transgénica HB4, desarrollada por la empresa Bioceres y sembrada este año sobre 52 mil hectáreas a la espera de una aprobación definitiva? ¿No es exagerada la presión de acopios, molinos y exportadores contra esa firma y contra el Instituto Nacional de Semillas (INASE)? ¿Vale la pena que el Estado argentino gaste sus pobres recursos controlando que se segregue cada uno de los lotes sembrados para evitar una filtración?
Todas estas preguntas suenan muy lógicas y razonables hasta que se revisa la historia de otras “contaminaciones” con transgénicos ocurridas en la Argentina en los últimos treinta años. Cuando uno revisa la lista de este tipo de “episodios” -sucedidos bajo la mirada de un Estado que suele ufanarse de sus controles y de la eficacia de su legislación en materia de OGM, y muchas veces además con la complicidad de actores del sector privado-, ya no queda margen para la duda: hay que controlar el HB4 a fondo.
El tabaco transgénico: En la Argentina, en las provincias de Tucumán y de Catamarca, a fines de los noventa se llegaron a sembrar unas 1.000 hectáreas con una variedad de tabaco Burley modificado genéticamente que ni siquiera tenía permiso oficial para ser utilizado en ensayos a campo.
El episodio fue oprobioso para el sistema de control conformado por el INASE y la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología), pues ese tabaco transgénico incluso se llegó a cosechar y el gobierno tuvo que ordenar la destrucción de esa mercadería.
Fueron 300.000 kilos los que se incineraron, que habían sido obtenidos en el marco de un proceso pre-comercial lanzado por una ignota firma Tabatuc, a instancias de la estadounidense Hail & Cotton. El proyecto tenía nombre, “Tabaco 2000”, pero fue interrumpido de cuajo por las resoluciones 452 del Senasa (que ordenó reunirlo en un galpón) y la 740 firmada por el ex secretario de Agricultura de la Alianza, Antonio Berhongaray, que dispuso su incineración.
El maíz transgénico: Berhongaray también fue uno de los protagonistas de la increíble saga del maíz GA21, que es quizá la que más puede parecerse al actual caso del trigo Hb4, aunque ojalá esto no suceda.
Ese transgénico tenía resistencia al herbicida glifosato como la famosa soja RR, y fue desarrollado por Monsanto para su empresa Dekalb Argentina SA, que solicitó permiso a la Conabia para hacer ensayos a campo desde 1997 en cinco localidades. Esas autorizaciones fueron otorgadas por el ex secretario Gumersindo Alonso en 1998.
Cuando asumió el gobierno de Fernando De la Rúa en 1999, Berhongaray comenzó a aplicar una política “espejo” en materia de OGM, que consistía en no autorizar eventos que no tuvieran también el aval de la Unión Europea, por temor a perder mercados. Por eso la aprobación definitiva del GA21 -que en ese tiempo fue cedido por Monsanto a su rival Syngenta- quedó cajoneada en los despachos oficiales.
La presión de los privados era inmensa y hasta parece ser que en la ExpoChacra del año 2000, cuando se daba por descontada la aprobación de ese OGM, manos traviesas regalaron semilla a varios productores líderes, violando todo tipo de protocolo de bioseguridad. Este artículo de Página/12 recuerda ese episodio que fue oportunamente denunciado por Greenpeace: “La difusión de este transgénico no autorizado en la Argentina, estigmatizaría nuestra producción en toda Europa, lo cual sería una gran pérdida de mercados”, advertían los ambientalistas.
Luego de que Néstor Kirchner llegara al poder, ese maíz resistente fue finalmente autorizado por el secretario Miguel Campos en febrero de 2005. Ya estaba sembrado en varios cientos de hectáreas y hasta había un mercado ilegal de híbridos resistentes a glifosato.
Con el pecado original ya cometidos, en 2007 la Comisión Nacional de Semillas (Conase) volvió a prohibir la comercialización de esta semilla a raíz de los inconvenientes registrados con algunos embarques argentinos a la UE, en los que se detectaron trazas de estos materiales. Allí la tolerancia era 0. Pero la prohibición duró apenas un par de meses, se pudo desbloquear y hoy el gen GA21 incluso forma parte de varios maíces apilados presentes en el mercado.
Ese evento transgénicos denunciado por los europeos estaba autorizado en Canadá, pero claramente estaba prohibido en la Argentina, a la cual se le atribuía el origen de las semillas. La variedad había sido creada por Monsanto y su semillera controlada Dekalb, pero esas compañía ya habían pasado a formar parte de Bayer, empresa que confirmó que la semilla se producía en la Argentina y exportada en contraestación para su siembra en el Hemisferio Norte. En Europa, Bayer ordenó destruir cerca de 11 mil hectáreas.
“Nosotros estamos convencidos de que el agrosistema argentino está libre de colza transgénica”, enfatizó en ese momento el ex presidente del INASE, Raimundo Lavignolle, que de todos modos tuvo que ordenar una suspensión de todas las exportaciones de semillas de colza hasta tanto se aclarara el episodio.
En el campo, de todos modos, son recurrentes las quejas de varios productores por esta variedad de colza resistente al glifosato, que ya se comporta casi como si fuera una maleza.
La alfalfa transgénica: Como creó una soja RR, un maíz RR y una colza RR, Monsanto también introdujo el gen de resistencia al herbicida glifosato en el cultivo de alfalfa, que se utiliza intensamente en todo el mundo como forraje para los animales. La variedad pudo ser sembrada en Estados Unidos a partir de 2005, pero un año después su aprobación fue impugnada judicialmente por la falta de estudios sobre su impacto ambiental. El caso llegó a la Corte Suprema y finalmente en 2010 quedó liberado en aquel país ese nuevo OGM.
En la Argentina ese expediente de aprobación nunca avanzó, por lo que resultó muy curiosa una noticia de marzo de 2018 en el que se informaba que personal del SENASA había destruido un total de 147 hectáreas de alfalfa OGM que era ilegal. Estaba sembrada en un establecimiento agropecuario ubicado en la localidad de Nueva Francia, provincia de Santiago del Estero.
Aquel episodio marcó el inicio de una suerte de razzia protagonizada por el INASE y el SENASA para detectar y destruir una producción de alfalfa RR que estaba mucho más difundida en el país de lo que se pensaba. Recién en junio de 2018, como para tratar de disimular semejante papelón, el Ministerio de Agroindustria aprobó en la Resolución 33/2018 la comercialización de una alfalfa tolerante al herbicida glifosato y con contenido reducido de lignina.
Se trataba de una alfalfa que contenía los eventos MON-ØØ179-5 x MON-ØØ1Ø1-8, que fueron desarrollados por Monsanto, pero cuyos derechos habían sido cedidos al Instituto de Agrobiotecnología Rosario (Indear), una empresa creada por el Conicet y la firma argentina Bioceres, que es la misma que ahora tiene cuestionamientos por el trigo HB4. De hecho, desde esa empresa se denunció públicamente la existencia de una alfalfa RR trucha.
En rigor, los operativos oficiales para destruir la semilla de la alfalfa ilegal continuaron por varios meses. Por ejemplo, a mediados de 2019 el INASE seguía informando sobre “el decomiso y destrucción de 15.178 kilos de semilla de alfalfa con eventos transgénicos no autorizados mediante el método de entierro en la localidad de Salto”.
El algodón transgénico: En septiembre de 2019 se conoció otro escándalo en torno a un transgénico que no figuraba en la lista de cerca de 60 eventos autorizados por la Conabia. Eran tiempos de siembra en el norte del país, pero los productores comenzaron a denunciar un severo faltante de semillas debido a los rigurosos controles que había comenzado a realizar el INASE en las plantas deslintadoras, que son aquellas que separan justamente la semilla de ese cultivo textil. ¿Qué buscaba el INASE? Pues una serie de variedades de algodón no autorizadas en el país.
En 1998, luego de aceptar la soja RR, la Argentina aprobó la introducción de maíz y el algodón con el gen Bt, de resistencia a insectos. Pero la ofensiva oficial sobre el mercado se lanzó luego de que veinte años después -en octubre de 2018- se hallara también mucha presencia en los campos de un algodón transgénico desarrollado por Monsanto que nunca había sido liberado para la siembra en el país: el MON-15985-7, que ofrece resistencia combinada a glifosato y a lepidópteros.
Al parecer ese evento había pasado por los sistemas de aprobación oficial, pero Monsanto desistió finalmente de pedir su aprobación comercial por falta de perspectivas comerciales. Luego, esa compañía vendió su semillera de algodón Genética Mandiyú (la única del país) a Gensus, una empresa local que con lógica comenzó a exigir al INASE un sistema de fiscalización de la semilla certificada. De allí los controles que dejaban a los productores sin semilla suficiente.
Otra versión indica que “el algodón RR BT se encontró por casualidad. Un lote de semilla que vendió Genética Mandiyu (ahora Gensus ) era supuestamente BT y por error aplicaron glifosato. Quedaron plantas vivas, que las llevaron a cosecha y de ahí salió semilla que después se multiplico”
Como sea el algodón estaba ahí, sembrado sin autorización. ¿Cómo se resolvió finalmente este problema? Como siempre, un poco haciendo la vista gorda y otro poco aceptando finalmente el avance arrollador de los transgénicos. El famoso LTA puede aplicarse en la mayoría de los casos.
Hacia fines de 2019, la gestión de Luis Miguel Etchevehere en el Ministerio de Agricultura aprobó tres nuevas variedades de algodón transgénico: dos de esos OGM fueron desarrollados por Basf y ofrecían tolerancia a glufosinato de amonio, a glifosato y resistencia a diversas plagas. La otra de Syngenta también aseguraba a los agricultores protección contra distintos insectos, incluida la peligrosa “lagarta rosada”.
