Hace unas semanas, con argumentos falaces como que el Fideicomiso que administraba los recursos de la Ley Ovina no tenía control público y era poco transparente, el gobierno de Javier Milei liquidó de un plumazo los recursos de un programa de fomento ganadero nacido en 2001, y que demostró ser útil para sostener la actividad ovina en en país, según lamentó la Federación Lanera Argentina (FLA) en un comunicado.
La mejor prueba de ello, según quienes se dedican a la actividad lanera, fue que la Argentina logró sostenes su población de ovinos desde principios del milenio. Según un gráfico que acompaña el comunicado, aquí el stock se redujo entre 2001 y 2021 apenas 3,85%, mientras que en Australia (principal productor mundial de lana) lo hizo 41,34% y en Uruguay las existencias ovinas se redujeron prácticamente a la mitad.
“Sería injusto atribuir semejantes resultados únicamente a la Ley Ovina, pero consideramos tremendamente decepcionante que no se analice debidamente las potenciales consecuencias descalificando alegremente sus impactos de la manera que se lo hizo”, destacó la FLA, que agrupa tanto a productores como exportadores de una economía regional clave para toda la Patagonia. El tono crítico apunta claramente a que el gobierno de Milei tomó la decisión sin tomar en cuenta estos contextos, y utilizando falsedades (como la cantidad de dinero que se manejaba) para demonizar este programa.
Tratando de hacer lo que no hizo el gobierno, es decir contextualizar, la Federación Lanera apuntó que “la Ley ovina fue instaurada en el año 2001 con la finalidad de promover la actividad ovina (como su nombre lo indica)”. Y recordó que “en aquellos años, los valores internacionales de la lana eran arbitrariamente bajos debido a las consecuencias de la eliminación de una nefasta política llevada a cabo por Australia durante décadas que mantuvo la producción ovina en niveles exageradamente altos mediante la garantía de precios mínimos de la lana (floor price)”.
“Como consecuencia, Australia poseía entre producción y stock en manos del estado cantidades monumentales de un producto que el mundo tardo prácticamente una década en digerir hasta llegar a un nuevo equilibrio entre oferta y demanda trayendo como resultado la erosión de los márgenes por parte de los productores ovinos en todo el mundo producto de los bajos precios”, rememoró la entidad.
En este contexto, afirmó que “la Ley Ovina se transformó en una Política de Estado que atravesó administraciones de todo signo político durante 23 años. El 70% de la ganadería ovina se sitúa en Patagonia, zona que tiene innumerables sobrecostos tales como el 20% de zona desfavorable en los salarios, distancias enormes para los traslados redundando en mayores consumos de combustible y desgaste de vehículos, falta de comunicaciones y caminos, etc. El ganado ovino es el que permitió poblar, generar arraigo y empleo en una amplia zona del país que de no ser por esta noble actividad se verían seriamente diezmadas con las consecuencias y repercusiones consabidas. La Ley Ovina fue considerada a todas luces una herramienta que ayudo a mantener el tejido social, cultural y económico a través de un negocio sustentable y renovable”.
Además, el comunicado de FLA sostuvo que “la cadena, con el innegable aporte de la Ley Ovina cuenta con un producto internacionalmente reconocido, que se exporta a más de 50 países y además el 80% en forma industrializada (70% tops-2% lavada- 8% blousse y otros), el resto o sea un 20% sucia”, al tiempo de que en estas dos décadas “se logro implementar un sistema de acondicionamiento y clasificación de las lanas (ProLana) contribuyendo a que pequeños y medianos productores valoricen su producto”.
En fin…
