La estadísticas oficiales que muestran una rápida recuperación de la economía argentina son en realidad un “espejismo” sin bases sólidas porque se sostienen sobre un avance del Estado sobre el sector privado.
Datos relevados por el Indec muestran que en 2021 el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina se recuperó un 10,3% luego de registrar una caída del 9,9% en 2020.
Sin embargo, al observar la dinámica de los diferentes sectores, se advierte que la inversión y el consumo del sector público (el gasto del gobierno en bienes y servicios sin considerar transferencias al sector privado) crecieron, para el mismo período de comparación, un 16,5% y 8,0%, mientras que el consumo privado y las exportaciones siguen en niveles que están por debajo de los presentes en el segundo semestre de 2019.
“El crecimiento del consumo público de un 8% es el reflejo del incremento del peso del Estado en la actividad económica que podía deducirse en base a datos parciales y observaciones empíricas, más allá del fuerte crecimiento de las transferencias de ingresos mediante los programas transitorios tipo IFE y ATP y otros no tan transitorios como la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, entre otros”, explica un informe de la consultora Invecq.
“Luego de un retroceso permanente del consumo público como impulsor del PBI entre los años 2016-2019, desde mediados del 2020 la tasa de crecimiento supera incluso a la del período 2004-2015. Desde este punto de vista podríamos decir entonces que gran parte de la recuperación económica está siendo generada de manera directa (e indirecta) por el propio Estado”, añade.
La contrapartida de ese fenómeno son los valores negativos del consumo privado y de las exportaciones, que reflejan la permanencia de la caída del poder adquisitivo de los ingresos personales y laborales, así como los menores volúmenes de bienes y servicios vendidos al resto del mundo, los cuales se disimulan en la balanza comercial gracias a precios internacionales excepcionales.
En definitiva: el crecimiento del Estado se está hacienda a costa de la destrucción de riqueza en el sector privado, sin el cual, en una economía de mercado es un actor esencial para la solvencia del Estado (no en una economía socialista).
El Indec además informó que el desempleo bajó del 8,9% en el cuarto trimestre del 2019 al 7% en el cierre del año pasado. Sin embargo, mientras que en ese mismo período la tasa de empleo privado pasó del 35,1% de la población al 35,0%, la de empleo público varió del 7,4% al 7,9%.
“En números concretos, según las encuestas laborales del Indec, el empleo público total habría pasado de unas 3,2 millones de personas en 2019 a 3,7 millones en 2021, una expansión de 500.000 trabajadores estatales en solo dos años”, señala el informe de Invecq.
“Los registros del Ministerio de Trabajo también dan cuenta de un crecimiento del empleo público en ese período, pero de una magnitud bastante menor, lo que haría pensar que el sector público habría utilizado otras modalidades de contratación en los últimos dos años que no estarían siendo captadas por el Ministerio”, advirtió.
Es decir que, tal como sucede con el nivel de actividad, la supuesta mejora del nivel de empleo se sostiene sobre un crecimiento de las contrataciones estatales, mientras que el sector privado aún no pudo recuperar la cantidad de empleados presente en el período pre-pandémico.
