Este jueves se realizó en el Club Leones Deportivo (Córdoba) una nueva edición de la Mesa Nacional del Trigo en la cual quedó clara la falta de una agenda común para el cultivo.
Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, junto a representantes de entidades de toda la cadena triguera del país, quienes compartieron información y proyecciones sectoriales,
Al cierre del evento, se emitió un comunicado que expresa los principales ejes abordados durante la reunión, los cuales reflejan las miradas divergentes y hasta contrapuestas que existen en el ámbito agroindustrial argentino.
El único acuerdo en el documento final de la reunión es que deben eliminarse por completo los derechos de exportación, una promesa de campaña del actual gobierno de Javier Milei que aún no fue concretada.
El documento menciona la necesidad de “incentivar la producción del trigo en la campaña 2025/26”, sin advertir que, por las características del negocio, todo excedente de la demanda importadora brasileña termina siendo un problema comercial para el cereal argentino.
En ese sentido, representantes de Argentrigo y Aaprotrigo pidieron “generar un espacio para la evaluación de acciones concretas sobre segregación”, aunque ese pedido estratégico quedó sepultado entre muchos otros requerimientos.
Representantes de INTA y de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca pidieron generar un mapa de calidad del trigo para facilitar la interacción entre la producción y la industria.
Esa iniciativa actualmente es llevada a cabo solamente por la provincia de Buenos Aires en colaboración con las cámaras arbitrales de Buenos Aires y Bahía Blanca. Pero no existe nada semejante a nivel nacional.
Por su parte, la Federación Argentina de la Industria Molinera reflotó el pedido habitual de promover el combate contra la informalidad, al tiempo que solicitó extender hasta 30 días el período de ingreso de divisas en el marco del régimen de rebaja temporaria de retenciones.
Eso porque dicho régimen sólo aplica para aquellas empresas exportadores que liquiden divisas en un plazo 15 días posterior al registro de la operación, lo que en los hechos implica que la empresa debe adelantar el ingreso de divisas antes de liquidar la operación. La mayor parte de los molinos harineros no puede hacer frente a ese costo financiero y, por lo tanto, no puede acceder al régimen de rebaja de alícuotas de derechos de exportación.
También se mencionó “generar beneficios para favorecer la fertilización, evaluación y diagnóstico de suelos en la región triguera del país y programas de recomposición de nutrientes”, aunque no se especificó cómo ni con qué herramientas.
El texto es un evidencia más de la falta de una política agropecuaria definida en la cual los diferentes actores del negocio tienen diagnósticos particulares, realizados en función de sus propias necesidades –lo que resulta lógico–, pero sin una acción integradora que los articule a partir de una visión estratégica.
