¿Cuál es el costo de no tener una política agropecuaria? Si bien la pregunta es demasiado amplia, puede responderse con un ejemplo concreto y muy actual que afecta tanto a empresas agrícolas del sudeste bonaerense como al país en su conjunto.
En el segundo trimestre del año pasado, durante la siembra del trigo argentino que se cosecharía fines de 2023, no estaba del todo claro quién sería el ganador de las elecciones presidenciales de octubre, así que muchos empresarios agrícolas implantaron el cereal “pijoteando” tecnología con el propósito de producir en “modo defensivo”.
El resultado de esa decisión es que en la zona sudeste de Buenos Aires –el área de influencia del Puerto de Quequén (Necochea), que tradicionalmente producía trigo de alta calidad panadera con destino a exportación–, los valores del tenor proteico del cereal se derrumbaron.
El programa de análisis de calidad de trigo de la provincia de Buenos Aires, organizado junto con las cámaras arbitrales de Buenos Aires y Bahía Blanca, muestra que los tenores proteicos de las muestras analizadas provenientes de esa región son claramente insuficientes para abastecer a los molinos brasileños, que compran a la Argentina trigo “corrector” con un porcentaje de proteína mínimo del 11,0% (base de humedad 13,5%).
Conclusión: existe una gigantesca cantidad de trigo 2023/24 en la zona que no tiene demanda porque los molinos brasileños no lo quieren y tampoco es competitivo en otros mercados extra-Mercosur, donde el cereal ruso y europeo se vende a precios bajísimos con una calidad muchas veces superior a la argentina.
Cada tanto aparece algún molino argentino “corto” de mercadería que compra algún “puchito” en la zona a precio de oportunidad para mezclarlo con otras partidas del cereal y elaborar harina a un valor atractivo para una demanda poco sofisticada.
Pero el drama es que, debido a una falta de política agropecuaria, muchas empresas trigueras argentinas produjeron una mercadería que no tiene demanda, lo que representa un problema no sólo para ellas, sino para todas las demás, porque el enorme stock remanente del ciclo 2023/24 terminará empalmándose con el ingreso de la nueva cosecha 2024/25 y eso no será gratuito en términos de precios.
También resulta catastrófico en términos de “imagen país”, porque Brasil, que exporta trigo forrajero para importar cereal de buena calidad panadera, no requiere que su principal proveedor del producto –que además goza de una preferencia arancelaria en el ámbito del Mercosur– le toque la puerta para ofrecerle algo que no necesita por más que se “baje los pantalones” para negociar el precio de venta.
Sucede que el trigo no es un commodity, sino una especialidad agrícola, razón por la cual países como EE.UU., Australia y Canadá lo comercializan segregado e identificado en función del uso industrial, dado que existen más de cincuenta harinas diferentes para elaborar distintos productos panificados.
Si la segregación requiere mucho “laburo” y la alternativa consiste en vender trigo a granel –como hace Argentina, Rusia o Europa–, entonces al menos deberían existir las condiciones mínimas para lograr una calidad de base aceptable.
Una política agropecuaria, justamente, permite “blindar” a las producciones agropecuarias de los condicionantes presentes en la coyuntura del país. Por ejemplo, si existiese la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias las inversiones realizadas en fertilizantes y cultivares de trigo del grupo de calidad 1 (trigos correctores), entonces muchos empresarios agrícolas del sudeste bonaerense no escatimarían recursos en producir un trigo acorde a las necesidades de la demanda brasileña.
En la Argentina, lamentablemente, no sólo no existe una política agropecuaria –como la presente en países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile–, sino que además se viene implementando hace décadas una anti-política agropecuaria con diferentes pretextos (defender la “mesa de los argentinos”, gravar las “rentas extraordinarias”, cuidar el superávit fiscal, etcétera, etcétera), pero siempre con el mismo resultado pernicioso.
Lo insólito es que Argentina depende del agro en general y del sector agrícola en particular para generar las divisas necesarias para que funcione su economía. A nadie puede extrañar que el país sufra déficits crónicos de divisas si la mayor “fábrica” de esa mercadería vive siendo esquilmada por el Estado.
Siempre está la posibilidad, claro, de tomar deuda en el exterior, pero en algún momento te “cierran la canilla”; de viajar a Washington para “manguear” dólares, pero quizás ya te vieron por ahí en varias oportunidades y saben que, sin importar cuánto pidas, te la “patinás” en cuestión de meses; de abrir el juego y pedir que la potencia emergente, China, te ayude a cambio de hacerle algo de publicidad al yuan, hasta que viene alguien y dice que no va tener trato alguno con “comunistas”. Y entonces llega el momento, con un poco de ayuda de las “fuerzas del cielo”, de entender que no existe otra manera más efectiva, apropiada y digna que vivir del propio esfuerzo, para lo cual, por supuesto, se requiere plena libertad para trabajar y desarrollar el potencial disponible.
Existe política agropecuaria, se puede discutir si es o no eficaz. Tanto ACA como Aprotrigo exportaban trigo diferenciado de manera creciente a principios de los 2000, eso fue demolido en 2005 porque la política era proteger la mesa de los argentinos, no se podía vender porque no había precio y los molinos locales compraban a precio vil y se negaban pagar calidad mientras aplaudían emocionados cada vez que hablaba Moreno o Néstor o Cristina sus héroes de ese momento. En 2013 hubo que importar desde Brasil, en negro porque sino era un desprestigio. Poco y nada cambiaron los que lo siguieron. La cebada reemplazó al trigo, y francamente, jodanse, es una política que no sirve, no es que no haya política.
Entonces no hay política agropecuaria…
La política agropecuaria es clarísima, además la explicaron muchas veces, desalentar la exportación de carnes y trigo, impuestos a los ingresos por parte de la Nación y a la propiedad y a los ingresos por parte de las provincias. Lo que llaman “captar la renta agrícola”, los peronistas y radicales lo dicen claramente y los libertarios no divec nada pero lo hacen igual.