La regulación de las aplicaciones de agroquímicos sigue dando tela para cortar y esta vez el foco de atención está puesto en un nuevo proyecto de ordenanza presentado por concejales justicialistas en Rafaela, provincia de Santa Fe, la capital de la lechería en la Argentina. La iniciativa busca derogar la actual ordenanza, que establece un límite agronómico de 200 metros para la aplicación de esos insumos e imponer una zona de exclusión de 1.000 metros, a los que se sumarían otros 1.000 metros de “amortiguamiento”.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela indicaron que el proyecto tiene serios errores de tipo legal y demuestra un desconocimiento de la legislación vigente y de los trabajos que la provincia se encuentra realizando sobre Buenas Practica Agrícolas (BPA).
“La ordenanza actual –la 3600/03- tiene 16 años y debe actualizarse. No es que el productor se ensaña con una medida sino que la ciencia continúa con su trabajo de investigación y la idea es ir mejorando en la aplicación de fitosanitarios. Pero en un momento como el que estamos viviendo, pasar de 200 metros a 2.000 es dejar improductivo prácticamente al distrito de Rafaela”, señaló a Bichos de Campo Norma Bessone, presidenta de esa entidad.
Además de la zona de exclusión y de amortiguamiento, el proyecto estipula en el artículo 9 que los establecimientos educativos, de salud, recreativos o habitacionales fuera del ejido poblado de la ciudad, también tendrán una zona de exclusión de 1000 metros a su alrededor, por lo que se achica aún más la superficie apta para hacer aplicaciones. En cuanto a los cursos de agua se estipula una distancia de prohibición de 200 metros.
Una de las principales críticas a la nueva iniciativa es que pasa por alto a la Ley Provincial 11273/95, sin incluir consideraciones al artículo 34 de esa ley que ya define distancias de aplicación. Además, según Bessone, delega facultades al municipio y al productor que no tienen, y “no da una claridad conceptual respecto al marco que contextualiza la propuesta”.
“La provincia de Santa Fe forma parte de la red nacional de BPA, por lo que hay un desfasaje y una incoherencia en relación a esto. Nos han llegado recomendaciones desde el Ministerio de la Producción para la conformación de ordenanza que se condicen con el trabajo realizado en torno a las BPA, y esta propuesta para nada está enmarcado en ese otro trabajo”, comentó la ruralista.
Bessone agregó que se debe realizar un trabajo no sólo sobre la prevención del riesgo en la aplicación de fitosanitarios, sino también sobre la percepción que la población tiene del riesgo, ya que eso abre la puerta para muchas manifestaciones equivocadas. “Todos tenemos que existir y coexistir. Este es un trabajo entre todos los actores”, concluyó.
Dado el cierre de sesiones ordinarias, se estima que el proyecto presentado en el Consejo será tratado recién el próximo año.
