En marzo de 2012, frente a una dura sequía, la ex presidente Cristina Kirchner prometió lanzar un seguro multirriesgo para el agro, pero finalmente no lo hizo. Años después, a partir de 2016, el gobierno de Mauricio Macri retomó el asunto e hizo ensayos concretos para poner en marcha un seguro que pudiera cubrir a los productores de diferentes contingencias, como sequías o inundaciones. Tampoco prosperó.
En ambos casos la principal causa del fracaso de estas iniciativas fue que el Estado, que usualmente recauda de los productores muchos más recursos de los que les devuelve en obras y servicios, no estaba dispuesto a poner los recursos necesarios para que funcionen este tipo de sistemas.
Otra vez estamos en una situación de sequía, y como es habitual en estos casos recrudece el debate sobre los mecanismos de ayuda a los productores afectados. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunciará algunos paliativos supuestamente el viernes, al cabo de una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria. En principio, se habló de la actualización de un fondo de socorro que tiene ese organismo, y que quedó congelado en 500 millones de pesos desde 2009.
En este contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) recordó que dispone de una Mesa de Riesgo Agropecuario, que está integrada no solo por los diferentes sectores productivos sino también por asociaciones de aseguradoras, y que “estuvo trabajando durante el 2021 en el diseño de un instrumento legal de seguros agrarios de amplia adopción con beneficios fiscales y diseñados para atender la nueva realidad productiva frente al cambio
climático”.
Frente a los daños producidos por la falta de lluvias, el bloque (del cual se acaban de retirar tres entidades agropecuarias), recordó que “atender esta crisis climática con medidas puntuales es únicamente paliativo que no impiden la exposición permanente a este tipo de riesgos incrementales causados por el cambio climático que afecta al planeta”.
Por eso reclamó que finalmente el Congreso Nacional se aboque a la discusión de un seguro agrícola multirriesgo como el que prometieron de uno y otro lado de la grieta pero que nunca prosperó. Puso a disposición de los legisladores el borrador elaborado en el seno del propio Consejo.
La pospuesta no sería tan costosa para el fisco como los sistemas de seguros vigentes en otros países, que requieren de una activa participación del Estado subsidiando las pólizas. Modelos como el de España “se descartaron teniendo en cuenta la crisis económica nacional”.
El CAA propone, en cambio, “avanzar con una propuesta que incorpora un doble sistema de incentivos. Un Certificado de Crédito Fiscal por el 50% del costo del seguro computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, para nuevos productos de seguro (ejemplo la sequía) y un Fondo de Seguro Agrario de Sustentabilidad Productiva frente al Cambio Climático, financiado por un cupo presupuestario asignado al Ministerio de Agricultura y administrado por un Consejo con participación privada, que asigne las prioridades promocionales entre cultivos y economías regionales y productores pequeños y medianos y garantice la sustentabilidad agroeconómica de sus empresas, ante siniestros de origen climático”.
