Los productores ovinos de la región patagónica atraviesan una compleja situación económica, como consecuencia de la sequía, los bajos precios de la lana en el mercado internacional así como porque ellos no acceden a un dólar diferencial que los compense por el visible atraso cambiario. Ante este panorama, la lógica indica que ningún gobierno debería retacear los 850 millones de pesos que se fijan en el presupuesto anual para alimentar la Ley Ovina. Pero es Argentina, y eso sucede.
Un comunicado las federaciones patagónicas de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), denunció justamente esta situación: los fondos presupuestados para ejecutar los proyectos de la Ley Ovina en cada una de las provincias no se ha girado en los últimos nueve meses. Es todo un embarazo. La responsabilidad directa es de la Secretaría de Agricultura de la Nación, a cargo de Juan José Bahillo.
Según el comunicado de los ruralistas, la ley aprobada en 2001 y prorrogada hasta la actualidad, tiene como objetivo ofrecer financiamiento muy accesible para promover la inversión en la producción ovina en todo el país. Pero actualmente no se cumple y, ante la emergencia los productores de la región no pueden ni siquiera contar con este fondo anual a modo de paliativo.
Se aprobó la extensión del régimen de promoción ovina con un presupuesto “licuado”
En una reunión mantenida con el subsecretario de Ganadería, José María Romero, dirigentes de las federaciones patagónicas reclamaron que se normalice esta situación y además que se apruebe con “carácter urgente” por parte del Ministerio de Economía el Plan Lanar 2, que distribuyó subsidios directos entre los pequeños y medianos productores laneros de la región.
Sergio Massa, actualmente de campaña electoral, mandó formular este programa como compensación al atraso cambiario que vivían las economías regionales. En ese momento se anunciaron subsidios por 1.500 millones de pesos provenientes del Fondo Incremento Exportador. Luego se anunció un dólar especial para las economías regionales, pero de muy difícil acceso para las empresas exportadoras de esa región.
Por otra parte, los ruralistas aprovecharon la reunión con Romero para expresar su preocupación ante una posible flexibilización de la barrera sanitaria patagónica, una amenaza que se agita cada tanto por las presiones que ejerce el gobierno de La Pampa. Apuntaron que, en ese sentido, es “necesario reafirmar por cuestiones estratégicas para la región la conservación y refuerzo de esta barrera” y mantener como temática fundamental en la reunión de Organización Mundial de Salud Animal (OMSA 2024) la situación sanitaria del sur del Rio Colorado.
Hubo más reclamos. Los integrantes de CRA volvieron a exigir que la producción ovina de la Patagonia sea considerada una economía regional y por ende sea exenta del pago de los derechos de exportación, como sucedió con otras actividades en los últimos días.
Los ruralistas insistieron en que la producción ovina “es la única actividad posible en su extenso territorio asegurando soberanía y presencia en los lugares más alejados de los centros urbanos de nuestra Patagonia”.
