Mientras que en Argentina el gobierno busca implementar un sistema de trazabilidad individual para el ganado bovino, que sería mediante chips y comenzaría a regir de forma obligatoria el próximo año –algo que fue rechazado por algunas asociaciones rurales-, en España los productores se enfrentan con un fenómeno similar.
Sucede que en un intento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de alinearse a las directrices europeas sobre identificación electrónica, se ha presentado un proyecto para modificar el Real Decreto 787/2023, relacionado con la identificación y registro de especies animales.
Dicha iniciativa busca postergar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de los “crotales” electrónicos en bovinos, al 30 de junio de 2025, lo que generó el desacuerdo de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España. Según el diccionario de la Lengua Esañola, un crotal es na “placa para la identificación y control de animales formada por dos piezas que se acoplan y se colocan en algún lugar visible de su cuerpo”. El equivalente nuestro a una caravana.
Para esa entidad ruralista, el uso de esta identificación debería ser voluntaria y no obligatoria, en línea con lo que ocurre en otros países de ese bloque, ya que generaría numerosos efectos adversos entre los operadores del sector ganadero.
“Los ganaderos seremos los más afectados por esta medida, mientras que los beneficios recaerán en eslabones superiores de la cadena como mataderos y la administración. Es esencial contar con profesionales en sanidad animal que apoyen nuestro trabajo, pero imponer requisitos de manera inflexible genera resistencia y dificultades en su aplicación efectiva”, indicaron desde la Unión de Uniones.
“Vamos a tener que asumir el incremento del coste de estos crotales nosotros cuando muchos no le vamos a sacar ningún beneficio”, afirmaron luego.
En la vereda de enfrente, la medida es defendida por considerar que mejorará la trazabilidad y seguridad alimentaria, además de facilitar la gestión de enfermedades en animales, la prevención del fraude y el cumplimiento de estándares sanitarios más rigurosos. También se destaca que la tecnología ofrecerá a largo plazo datos precisos para mejorar la eficiencia y calidad en toda la cadena.
Este proyecto se enmarca dentro de 43 medidas que el MAPA se ha comprometido a implementar -varias de ellas en línea con las reformas que realizó el Parlamento Europeo para “suavizar” las exigencias ambientales en ese continente-, como respuesta a las protestas de los productores durante el comienzo de este año.
