Siendo muy atinada con el calendario, justo en el Día Internacional de los Bosques, la Auditoria General de la Nación (AGN) publicó los resultados de una evaluación que realizó a la tarea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), cuyo objetivo fue demostrar el desarrollo e impacto del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (PBNyC). Esta iniciativa pretendía mejorar el manejo de los bosques nativos en Salta donde habitan muchas comunidades Wichí. Sin embargo las conclusiones fueron poco favorables.
Desde esa dependencia indicaron que el objetivo era comprobar si, como prometía ese programa, se habían “desarrollado herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan los bosques nativos, fundamentalmente a través de la promoción, conservación, restauración y uso responsable de sus servicios y productos, la producción y comercialización de los mismos mediante instancias locales de transformación, y la inversión en infraestructura y capital social respetando su cultura ancestral”.
Esto fue referido a dos puntos: la “evaluación sobre si la estructura de gobernanza es adecuada para asegurar la ejecución del Proyecto”, y la examinación de la “eficacia y efectividad del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad en lo referido a las mejoras en el manejo de los bosques nativos y el aumento al acceso a los servicios básicos de las comunidades Wichí que habitan los bosques nativos de la Provincia de Salta”.
El período auditado por la AGN se extendió del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Es decir prácticamente dos terceras partes del gobierno anterior.
En primera instancia, el informe resultó lapidario en cuanto al desmonte previo al mostrar que “la pérdida estimada de bosques nativos en el periodo que va desde 1937 a 1987 fue alrededor de 2 millones de hectáreas; y entre 1998 a 2002, fue de aproximadamente 230 mil hectáreas por año”, de acuerdo con datos de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Acto seguido, el informe detalla que “si bien la Ley de Bosques )sancionada en 2007) crea un marco para el control de la deforestación, el MAyDS, en su Informe sobre el Estado de Implementación de la Ley 26.331, para el período 2010- 2015, detecta una baja participación de las comunidades indígenas y campesinas en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos”.
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Por otro lado, la AGN da cuenta de que si bien el MAyDS solicitó cooperación técnica financiera para el desarrollo del PBNyC, valiéndose de cuantiosos créditos internacionales, para impulsar una política que incluya a las comunidades originarias en los beneficios del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, no hubo grandes acciones efectuadas.
“Se observa que, al abordar las Estrategias del Proyecto, si bien establecía como línea de acción favorecer todas aquellas acciones que fortalezcan los derechos posesorios de los habitantes, tanto indígenas como criollos, en relación a la tierra que habitan de manera que se avance en la titularización de los territorios que se encuentren en litigio o en situaciones de incertidumbre legal, no hubo acciones desarrolladas en este sentido”.
Como si eso fuera poco, se señaló que el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad “fue reformulado sin fundamentos técnicos claros que lo avalen y sin evidencias de que ocurrieran razones imprevistas o de fuerza mayor que motivaran la cancelación del monto inicial por 38 millones de dólares”.
“La reducción del préstamo resultó en una disminución de las actividades y afectó seriamente la implementación del proyecto. Algunos componentes, fueron dados de baja y otros discontinuaron parte de sus actividades y productos previstos. Las inversiones realizadas por el PBNyC se vieron condicionadas por la falta de recursos. El desarrollo de herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan los bosques nativos, como la realización de pozos de agua y la instalación y fortalecimiento de radios comunitarias, no se completaron según lo planeado”, añadieron.
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Finalmente, la AGN consideró que estos déficit de gestión tuvieron un impacto negativo sobre los bosques y las comunidades, algo diametralmente opuesto a lo esperado.
“La reestructuración del Proyecto y la disminución de los recursos tuvieron un impacto directo en la protección de los bosques y en la productividad de las comunidades. Esto no solo compromete los objetivos estratégicos del país en materia ambiental, sino que también genera riesgos sociales, como la migración de comunidades hacia áreas urbanas. Durante su ejecución, el MAyDS enfrentó desafíos en la gestión del proyecto, incluidas condiciones de contratación inestables y falta de personal adecuado que pudiera comunicarse efectivamente con las comunidades en su lengua nativa”, afirmaron.
“La implementación del proyecto entre 2015 y 2019 fue baja, revirtiéndose esta situación a partir del año 2020 hasta su finalización en el 2022. Por último, se destaca que, se destinó un porcentaje muy alto de los recursos disponibles a los trabajos de promoción de las actividades del Proyecto en relación a los destinados para el cumplimiento más riguroso de las necesidades de la población beneficiaria y, por ende, de los objetivos y metas fijados”, concluyeron los auditores.
