El texto definitivo del proyecto de “Ley de Modernización Laboral” -que Milei ya firmó y enviará al Congreso- da cuenta de que, finalmente, el sector agropecuario también se verá alcanzado entre las medidas a discutir durante las Sesiones Extraordinarias.
En efecto, el repaso por el Título XI, reservado exclusivamente a una serie de cambios al Régimen de Trabajo Agrario -instituido por la Ley 26.727- da cuenta de que los pedidos que elevó la Sociedad Rural Argentina (SRA) -y que ayer Bichos de Campo adelantó– fueron incorporados prácticamente en su totalidad.
Aunque fue un requerimiento unilateral, de la entidad que mayor vínculo guarda con el gobierno, lo cierto es que la mayoría de las propuestas cuentan con el pleno aval de CRA.
Así lo confirmó uno de sus secretarios, Adrián Luna Vázquez, a este medio, quien, como director del Renatre por esa gremial, analizó punto por punto el impacto que tendrían las propuestas de una reforma que consideran prioritaria para “bajar costos y la informalidad”. Los puntos que quedaron afuera, el interrogante sobre ciertos pedidos y lo que deberá trabajarse más allá de la reforma.
“Este proyecto es de la Sociedad Rural. Nosotros en CRA habíamos trabajado en otras ideas y coincidimos en varios aspectos”, aclaró el dirigente.
En ese sentido, una de los artículos que celebra del proyecto oficialista es el 108, que modifica el inciso 12 de la Ley 26.727. Lo que se busca es eliminar la responsabilidad solidaria de los dueños de maquinarias, equipamiento y, fundamentalmente, las tierras para con los trabajadores que emplee quien los arriende. De ese modo, ya no será el garante en esa relación laboral que le excede.
Del mismo modo, Vázquez también señaló que los cambios en la fijación de salarios “es también muy novedosa porque equipara al sistema del régimen de trabajo agrario con el resto del universo de la economía nacional”.
Estrictamente, el artículo 110 de la reforma laboral introduce cambios en el sistema que hasta ahora se implementó en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario: si bien los salarios seguirán negociándose al interior de ese ente, ya no será una paritaria tripartita con voto del Estado sino que se decidirá entre el gremio -la UATRE- y los empleadores -las entidades de la Mesa de Enlace-.
Esa modificación del artículo 32 de la ley original fue un pedido concreto de la Sociedad Rural muy respaldado por CRA, que celebra que el rol del sector público en las negociaciones se iguale al resto de los sectores y se relegue a quien homologa los acuerdos. “El agro es la única rama de la economía en donde la paritaria es tripartita y el Estado también vota”, comentó el dirigente.
Tal vez la única gran diferencia, al menos en lo personal, Vázquez la marca respecto a la extensión del período de prueba, de seis a ocho meses. “Me llama la atención, no entiendo la finalidad”, señaló, aunque evitó hacer juicios valorativos al respecto y no la definió como necesariamente negativa.
Lo cierto es que el período de prueba no existía siquiera en el sector previo a la aprobación de la Ley Bases, a través de la cual el Régimen de Trabajo Agrario se equiparaba al resto en ese sentido. En su lista de prioridades, la SRA había pedido ahora elevarlo a 8 meses y el gobierno lo incluyó en el proyecto.
“Antes tampoco era justo”, aclaró igualmente el dirigente, ya que, explica, como no había período de prueba “si se contratabas a un trabajador hoy y lo despedían mañana, había que indemnizarlo con un mínimo de 2 años de antigüedad”.
Entre las demandas que elevó el sector y que no fueron tenidas en cuenta, Vázquez lamenta, sobre todo, que no se prevea eliminar la figura de “trabajador permanente discontinuo”, una reforma que consideraba “central” pero que sólo se hará a medias.
En efecto, la figura fue en realidad incorporada cuando se sancionó la Ley 26.727, pues no existía en la norma original (22.248), que data de 1980. “Trajo muchos problemas de aplicación e interpretación jurisprudencial”, explicó el dirigente, que asegura que “se han producido muchos fraudes laborales con este sistema, incluso por parte de los empleadores”.
La razón de fondo está en cómo era luego leído en la Justicia cuando había litigios, y la forma en que se instrumentaban las indemnizaciones de acuerdo a ello. “Es una situación que ya está regulada por los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual no tiene mucha razón de ser la existencia este artículo”, argumentó Vázquez.
Según consta en el proyecto del gobierno, el artículo 16 será reescrito pero no trastoca ese rol en su definición. “El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley”, dicta.
En su rol de director, Vázquez es quien representa a CRA dentro del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), un organismo que integran tanto la UATRE como las entidades de la Mesa de Enlace. De hecho, como su presidencia se alterna entre los miembros, el dirigente fue quien estuvo al frente del organismo el año pasado.
En ese sentido, por el vínculo estrecho que guarda con el mundo laboral rural, señala que “hay mucho por trabajar por delante a nivel sectorial”, y es tanto, y tan amplio, que “no alcanza sólo con esta reforma laboral”.
Entre los fundamentos que afirma tener el proyecto oficialista, además de reducir costos para trabajador y empleador, y profundizar derechos, Vázquez señala que lo más importante hoy en el sector es que se intente reducir la informalidad. Es un fenómeno que atañe particularmente al Renatre.
En ese sentido, aseguró que, aunque representan a los empleadores, “las entidades también bregan siempre por la registración laboral”, muy necesaria en una economía que, a nivel general, se estima que tiene más de un tercio de sus trabajadores en condiciones irregulares.
“Nosotros no vemos con buenos ojos que un empleado no esté debidamente registrado y no avalamos ni el trabajo en negro ni los fraudes laborales. Así que si con la reforma se logra una mayor formalización laboral, es bienvenida”, destacó.
También está lo que excede a lo específico de este proyecto, pero que igualmente puede verse potenciado, como lo es la capacitación y calificación laboral.
“Estamos intentando jerarquizar el trabajo del peón rural”, expresó el dirigente, que asegura que es un objetivo común entre las entidades y el gremio trabajador, y una necesidad ante la mayor tecnificación que hay en el sector.
Y concluyó: “Se está generando una evolución en el trabajo a campo y eso tiene que ser acompañado por la ley. Hoy en día el trabajo rural ya no es el mismo, con toda la tecnología que se aplica, la búsqueda de mayor productividad y la necesidad de más capacitación del personal”.
