Rara vez le ponemos nombre y apellido al daño ambiental. Sea por connivencia, falta de recursos o astucia de los perpetradores, la Justicia argentina no suele prosperar en causas de ese tipo. Por eso, lo que está sucediendo en Chaco es tan inédito como histórico, pues el empresario carbonero Alesio Roberto Nardelli fue acusado formalmente de deforestar bosques nativos y un fiscal federal pidió su detención.
De acuerdo con un informe de Greenpeace, se estima que en 2024 los desmontes en Chaco alcanzaron la superficie de dos ciudades de Buenos Aires. En abril de ese año, además, la legislatura provincial aprobó modificaciones en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y permitió que avanzara la deforestación sobre una mayor superficie. Pero hay mucho monte que se tumba sin permiso de ningún tipo: los empresarios rurales saben que les sirve pagar el monto ridículos de las multas, que ni cosquillas les hace.
Desde la Fundación Greenpeace hicieron una presentación a la Corte Suprema de Justicia para impugnarlo, mientras que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (CAJE) contraatacó con su propia investigación judicial, la “Mafia de los desmontes”, donde apuntaron a empresarios y políticos involucrados, varios de ellos cercanos al gobernador Leandro Zdero.
El primero en caer fue su Ministro de Producción, Hernán Halavacs, quien, tras ser señalado por la Justicia Federal por aprobar desmontes ilegales, fue expulsado del gabinete. Ahora es el turno de Nardelli, un “empresario amigo”, como lo califican desde Abogados Ambientalistas, ya que, semanas atrás, mantuvo una reunión con Zdero para el anuncio de la reapertura de la exportación de carbón en la provincia.
Motivado por las denuncias de la ONG, el fiscal federal Patricio Sabadini emitió meses atrás una medida cautelar para suspender “los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024”. El Juzgado Federal 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, le dio luz verde y lo prorrogó en dos ocasiones más. Por el momento, la prohibición de los desmontes rige hasta agosto, aunque se ha detectado que Nardelli la incumplió en no menos de cuatro ocasiones.
Así lo informó el Ministerio Público Fiscal, que detectó la caída de árboles, huellas de maquinaria pesada y la presencia de una topadora Lonking LD160 en campos del poderoso empresario. Los desmontes no autorizados por un Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales habrían ocurrido el 2 y 6 de enero, y el 18 y 21 de febrero de este año. En esa última ocasión, Gendarmería llegó a secuestrar una topadora que, a los pocos días y gracias al pago de una multa, el empresario ya había recuperado.
La reiteración de los hechos y la desobediencia de Nardelli impulsaron al fiscal Sabadini a solicitar un allanamiento y posterior detención por entorpecimiento de la investigación y desobediencia judicial en cinco ocasiones. La jueza Niremperger aprobó el primer procedimiento, que realizaron el pasado sábado 5 de abril, pero rechazó la detención preventiva porque considera que su libertad no implica un peligro procesal.
No es la primera vez que Norberto Nardelli es tapa de los portales de noticias. El empresario forestal fue candidato a intendente por el frente Nepar, cercano al peronismo, en las elecciones de 2023. Un año antes, en Navidad del 2022, había denunciado el robo de una avioneta, valuada en 200.000 dólares y que muchos aún vinculan al mundo narco.
Con la intervención de la Justicia Federal y el allanamiento que llevó a cabo Gendarmería en sus propiedades de Tres Isletas y Barranqueras, la situación del productor es comprometedora. “No vamos a parar hasta desarticular esta mafia”, expresó la Asociación de Abogados/as Ambientalistas en redes sociales, y también difundió un comunicado en el que destacan la coordinación entre los organismos públicos y la sociedad civil para avanzar en la causa.
De hecho, su reclamo va mucho más allá del particular caso de Nardelli, porque denuncian la responsabilidad y complicidad del gobierno chaqueño, a través de su Dirección de Bosques, con los desmontes ilegales. Si hablan de “doble postura” al calificar la administración provincial es porque consideran que detrás de la fachada garantista, en realidad permiten que el negocio forestal y carbonífero avance sobre las áreas protegidas.
Dos superficies de CABA, completan unos 400 km2
No me parece posible q ya haya desmontado esto en el 2024