En los últimos días, la ONG Greenpeace publicó un nuevo informe sobre la situación de la deforestación en el norte del país, que recibió varias críticas de parte de autoridades provinciales del Chaco.
Haciendo uso de imágenes satelitales, la organización ambientalista indicó que durante el primer semestre del año se desmontaron 59.557 hectáreas, un 15% más que en el mismo periodo de 2023 (51.600 hectáreas) en esa región.
Desglosado por provincias, el informe detalló que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
“Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, añadió a continuación.
Sin embargo, poco después Gustavo Vázquez, director de Bosques de la provincia del Chaco, dijo en diálogo con Diario Norte que la medición de Greenpeace no había sido correctamente realizada, porque se incluye allí “una visión amplia que contempla no sólo los desmontes ilegales sino también actividades autorizadas como los sistemas silvopastoriles y los deslindes”.
“Ellos toman, por dar un ejemplo, en los cambios de cobertura los silvopastoriles y los deslindes. Es decir, todas esas cuestiones que hacen al trabajo propio de un establecimiento, pero que no se podría considerar un desmonte”, explicó.
Frente a esto, el funcionario marcó diferencias entre las cifras presentadas por Greenpeace y aquellas registradas por la Dirección de Bosques, que se enfocan exclusivamente en los desmontes clandestinos e ilegales.
Según indicó, la ONG sumó 7.000 hectáreas que se encuentran autorizadas para realizar deslindes y planteos silvopastoriles, que no deberían ser contabilizadas junto con aquellas que fueron deforestadas ilegalmente.
“Si nosotros tomamos todos esos números, números que son legales y que están autorizados, nos van a dar un número superior. Nosotros tomamos los números que son desmontes clandestinos, desmontes que son ilegales y que están en contra de la normativa”, remarcó.
A continuación, Vázquez remarcó que es clave contar con un marco legal y efectivo para gestionar bosques nativos.
“Es imperioso contar con la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos cuanto antes”, sostuvo.
Aún así, el director destacó el trabajo con los productores forestales, al considerar que juegan un papel crucial en la detección y reporte de actividades ilegales.
“Estoy en contacto permanente con los presidentes de las asociaciones forestales, y créanme que son de gran ayuda”, finalizó.
