El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso un proyecto de reforma tributaria que encendió alertas en el sector agropecuario brasileño.
La iniciativa –medida provisoria 1303/2025– es muy extensa y compleja (cuenta con 74 artículos), pero, en lo que respecta al agro, impone a partir del 1 de enero de 2026 una tasa del 5% a las “Letras de Crédito do Agronegócio” (LCA), un instrumento creado para facilitar la inversión institucional y de particulares en el negocio agrícola.
Las instituciones financieras y bancarias son las que emiten LCA –actualmente exentas de impuestos– para recaudar fondos que luego se prestan, a través de diferentes instrumentos, a las empresas agropecuarias.
“La tributación de las LCAs compromete directamente el financiamiento de la producción agrícola. Estos títulos representaron el 43% del crédito rural privado en 2024”, indicó un comunicado del Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil (FPA), que está integrado por más de 200 legisladores de diferentes partidos políticos.
“Al gravar este mecanismo, el gobierno reduce la oferta de crédito, encarece la producción y presiona los precios de los alimentos, todo en un escenario de aumento de precios de insumos, tipos de cambio altos y la tasa (de interés de referencia) Selic en un nivel prohibitivo”, añadió. La propuesta deberá ser tratada por el Congreso de Brasil en las próximas semanas, con fecha límite hasta el 28 de agosto.
La propuesta, además de las LCAs, también contempla gravar los Certificados de Cuentas por Cobrar Agropecuarios (CRAs) y el instrumento denominado Fiagros a partir del 1 de enero de 2026.
La FPA aboga por una política fiscal justa que reduzca la carga sobre los productores. Que valora el trabajo, el emprendimiento y la generación de riqueza.
“No aceptaremos medidas que penalicen a los productores rurales y la alimentación de los brasileños para encubrir la falta de control fiscal del gobierno. Brasil necesita estabilidad, previsibilidad y responsabilidad”, afirmó el FPA.
A diferencia de lo que sucede en la Argentina, en Brasil el sector agropecuario tiene una sólida representación en el Poder Legislativo y el FPA comenzó a trabajar para evitar que la iniciativa oficialista sea aprobada.
En ese marco, el FPA ya inició negociaciones en el Congreso para revocar el proyecto legislativo que incrementaría, en caso de ser aprobado, un aumento del costo financiero para el agro brasileño.
“Esta medida representa un ataque directo al sistema de financiamiento del sector agrícola, especialmente a los pequeños y medianos productores, quienes dependen en mayor medida del crédito rural para financiar sus cultivos”, expresó, por su parte, la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja MT).
