“Estamos haciendo más con menos”, resumen muy cerca del secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. El ‘más’ resulta ser materia opinable, pero el ‘menos’ salta a la vista. Según un balance presupuestario, en 2018 ese área de gobierno redujo sus gastos en 1.504 millones de pesos, un 8% respecto de un año antes.
Para tener una dimensión, la que se ahorró es una suma de dinero equivalente a tres veces el fondo nacional de emergencia agropecuaria, que no se actualiza desde 2009 y quedó congelado en 500 millones de pesos.
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En total, según el informe reservado, la degradada Secretaría de Agroindustria y sus organismos descentralizados (Senasa, INTA, INV, Inase, etcétera) gastaron el año pasado 17.851 millones de pesos, unos 1.500 millones menos que en el ejercicio 2017. Para 2019, el Presupuesto será de 19.182 millones de pesos y crecería el 7%.
Etchevehere proviene de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y siempre ha despotricado contra el elevado gasto público, que redunda a la vez en una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos. De allí su intención de mostrar que en su gestión están alineados con el objetivo oficial de lograr el “déficit cero” en las cuentas del Estado. Según un artículo de La Nación de noviembre pasado, Agroindustria era una de las áreas de gobierno donde más se sintió el ajuste.
En el informe al que accedió Bichos de Campo se confirma esa reducción del gasto del 8%, en un año donde además la inflación fue de más del 40%.
En los primeros meses del año pasado, la gestión de Etchevehere promovió cientos de despidos tanto en la sede central de Paseo Colón al 900 como en los organismos descentralizados, especialmente en el Senasa. De todos modos, según este balance, los gastos en personal se incrementaron 14% frente al ejercicio 2017, como consecuencia seguramente de la actualización de los haberes.
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La reducción del gasto, entonces, se registró en otros rubros. En “gastos varios”, define el trabajo, hubo un ahorro del 33%. “Entre algunos ejemplos, Agroindustria realizó: Revisión de gastos de estructura edilicia; Viajes; Viáticos; Disminución de la flota vehícular; Revisión de contratación de servicios; Disminución de alquileres; Telefonía; Servicios de mensajería; Contrataciones para ferias y eventos; y Sistemas de correo”.
-¿Estos recortes no impactaron en la calidad de los servicios que debe prestar el organismo?- preguntó Bichos de Campo al jefe de Gabinete de la Secretaría, Santiago del Solar.
-En mi opinión, estamos haciendo más con menos, porque lo que buscamos reducir son gastos superfluos. Nuestro objetivo es bajar el gasto buscando al mismo tiempo ser eficientes. Y así dar lugar a bajar impuestos al contribuyente- contestó.
Desde esta lógica, el informe indica que “en 2018 la Secretaría tuvo una ejecución del 96% sobre el crédito solicitado pudiendo cumplir con los compromisos acordados durante el año, lo que evidencia una eficientización en la administración de los recursos en tiempo y forma”.
“Con este cierre y en línea con la política de reducción del déficit llevada a cabo por el Gobierno Nacional, el presupuesto establecido para 2019 representaría un aumento nominal de 7% respecto a lo devengado en 2018”, estableció además el documento.
Luego, el informe destaca dos hechos puntuales que colaboraron a hacer más eficiente el gasto público. Por un lado, la revisión del Monotributo Social Agropecuario (MSA), que otorgaba a los agricultores familiares la posibilidad de incluir su actividad productiva en la economía formal.
“A mediados del año pasado la cartera de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, implementó una actualización del padrón. De un total inicial de 100.934 beneficiarios del MSA, compuesto por 48.449 titulares y 52.485 adherentes, el 22%, 10.369 productores y 11.190 adherentes, estaban en condiciones de recibir el beneficio”, se explicó.
Subyace en ese párrafo la acusación de que duramente mucho tiempo la mayor parte de los agricultores familiares que se acogieron al MSA no estaba en condiciones objetivas de recibir ese beneficio. Los que quedaron en el padrón tras el zarandeo pasaron en diciembre a formar parte del Monotributo Social, dependiente de otro ministerio.
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El equipo de Etchevehere también destacó la reestructuración de cargos políticos que sufrió el ex ministerio. La reducción llego al 35% de ese tipo de cargos, lo que significó una disminución del 37% de las remuneraciones”. en los cargos políticos de la cartera. “De 20 cargos con rango de Subsecretaría se pasó a 8, lo que significó una reducción de 211 puestos políticos a 138”, precisó el trabajo.
