Por cuarta vez consecutiva, el oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar con la eliminación del límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y debió pedir un nuevo cuarto intermedio en el Senado, esta vez hasta el 6 de agosto, en lo que fue la última sesión de la Cámara alta antes del receso invernal.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó la postergación después de que circulara entre los senadores un nuevo borrador del capítulo sobre tierras que tampoco logró destrabar la negociación, en un debate que desde fines de mayo lleva ya quince versiones distintas del texto. La propuesta de pasar a cuarto intermedio fue aprobada por amplia mayoría, con apenas tres votos en contra y una abstención.
El oficialismo había logrado el quórum de 37 presentes con lo justo, apenas minutos antes de que venciera el plazo reglamentario, y debió convencer a un grupo de senadores radicales que rechazaban la reforma para que bajaran al recinto y permitieran abrir la sesión.
El corazón de la disputa sigue siendo el mismo desde que arrancó la discusión: la eliminación del límite del 15% del territorio nacional, o de una misma provincia, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, un tope que fija desde 2011 la Ley de Tierras Rurales.
En las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores, el oficialismo ya había cedido en que sean las provincias las que regulen y fijen sus propios límites para esas operaciones, y se mantuvo el acuerdo de prohibir la compra de tierras rurales a Estados extranjeros como tales. Sin embargo, el borrador habilita que las empresas con participación estatal extranjera sí puedan adquirir tierras rurales, siempre que cuenten con autorización tanto de la provincia donde esté ubicado el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional, condición que se replica para las compras en zonas de frontera.
Ese último borrador, que además incorporaba la creación de un nuevo registro de tierras en manos extranjeras, tampoco convenció al autor original del proyecto, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien no estuvo de acuerdo con la versión que había terminado de negociar Bullrich.
El temor de la senadora era que, de aprobarse con esos cambios, el propio Sturzenegger recomendara después frenar la iniciativa en Diputados o directamente pedirle a Javier Milei que la vete si llegaba a convertirse en ley. Por eso, según fuentes libertarias, se prefirió “pulir mejor el texto” antes de someterlo a votación.
