De la caña de azúcar se extrae un jugo que se puede convertir en azúcar pero también en alcohol y, yendo más allá en el proceso industrial, también en bioetanol, un combustible renovable que es compatible con las naftas. En rigor, hoy las naftas que se venden en el país se “cortan” con 12% de bioetanol producido a partir de caña y también de maíz, otro cultivo que tiene su veta energética.
Sabiendo esto, que más o menos el 6% de todos el combustible utilizado por los coches nafteros proviene del sector azucarero, resulta entendible la solicitada que emitió en las últimas horas la cadena sucroalcoholera local para pedir que se aceleren la discusión sobre el marco legal en el que se mueve el sector, ya que la primera ley que dio impulso a los biocombustibles en el país tiene fecha de vencimiento en mayo de 2021, y al parecer todavía nadie comenzó a mover el lápiz para escribir qué sucederá. Ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo.
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“El fin de la vigencia de la ley traería consecuencias devastadoras”, dijeron los productores cañeros y los ingenios azucareros, que están concentrados en las provincias del NOA. A la par, en una solicitada, el sector reclamó al gobierno que dicte lo antes posible el decreto de prórroga por cinco años de la Ley 26.093, en el que además el corte de bioetanol en nafta sea elevado del 12% actual al 15%.
El ministro de Agricultura, Luis Basterra, al inaugurar este martes el congreso de Maizar, dijo que el gobierno ya está trabajando en la actualización de esta Ley de Biocombustibles, que es la que estableció el corte obligatorio no solo de las naftas sino también del gasoil con el biodiésel proveniente del aceite de soja. Pero a ciencia cierta nadie tienen detalle de para qué rumbo tomará la política oficial -que no depende de Agricultura- y se teme que sean las petroleras las que impongan la voz cantante. Este sector en general siempre se ha manifestado en contra de un crecimiento de los porcentajes de renovables. Incluso se sospecha que actualmente no se están cumpliendo esos cortes.
En este contexto se conoció el pronunciamiento azucarero, en defendsa de un marco como el actual. “Con la sanción de esta ley en el año 2006 se concretaron enormes inversiones para producir energía cultivada, traducidas en 54 plantas industriales instaladas en 10 provincias, que agregan valor a la producción primaria y sustituyen importaciones”, se estableció.
El sector sucroalcoholero destacó además que “los biocombustibles contribuyen a mantener en pie, aún en la pandemia, a 20 ingenios, 16 destilerías de alcohol, 8.100 productores de caña de azúcar, 60.900 trabajadores en campo e industria directos y unos 140.000 indirectos”.
