Como aquel hidalgo que salió a pelear contra molinos de viento creyendo ver gigantes, en el norte bonaerense hay un productor que decidió dar una batalla en soledad. Pero a diferencia de Don Quijote de la Mancha, Marcelo Risso no pelea contra fantasías, sino que discute en tribunales un esquema impositivo que, según sostiene, termina recayendo sobre quienes producen.
“Soy un productor agropecuario de la zona de Pergamino, soy hijo, nieto, bisnieto de productores agropecuarios, y también soy abogado”, se presenta en diálogo con Bichos de Campo. Maneja unas 120 hectáreas, entre propias y alquiladas, y desde hace más de dos décadas intenta llevar a la Justicia el histórico planteo de las retenciones.
“La historia de cómo vengo batallando por el tema de retenciones agrícolas no es de ahora, es de vieja data”, advierte. El primer antecedente se remonta a 2002, cuando patrocinó a su padre en un amparo contra las retenciones reinstaladas en ese momento. “En ese momento, el amparo contra esas retenciones fue rechazado”, recuerda.
Volvió a intentarlo en 2008, en pleno conflicto por las retenciones móviles. “Volví a patrocinar a un grupo de productores, y yo mismo, a título personal, también iniciamos amparos contra el Estado nacional”, cuenta. Otra vez el resultado fue adverso. “La justicia rechazó el amparo, y cuando yo apelé… salió el famoso voto no positivo y entonces el expediente pasó a archivo, porque se consideraba que la cuestión había devenido abstracta”.
Durante años no hubo nuevas acciones. Risso explica que el sector acompañó, al menos inicialmente, el sendero de reducción de retenciones que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando le prometen algo, el sector reacciona favorablemente”, dice. Y admite, en retrospectiva: “Visto a la distancia, también es un error, creo que habría que haber accionado desde el primer día”.
El punto de quiebre más reciente fue el cambio de gobierno. “El presidente Milei en campaña dijo, y se cansó de decirlo, que él venía a defender las ideas de la libertad y de la propiedad”, recuerda. Y cita una frase que lo marcó: “Retenciones cero desde el día uno. Para todos los productos”.
Ese escenario no se concretó. “Ahí empezamos con las justificaciones de por qué no, y ya lo vamos a hacer, y lo hacemos mañana y baja un poquito… fueron muchas idas y vueltas”, describe. Y concluye: “Como todas las cosas, todo siempre tiene un límite”.
La decisión de volver a la Justicia tuvo un componente técnico. Risso siguió de cerca una causa iniciada por la Sociedad Rural en Córdoba, donde el Estado cuestionó la legitimación de esas organizaciones. “Si el Estado argumenta que las entidades gremiales carecen de legitimación, ¿por qué no intentar una acción judicial en donde el que reclama sea el perjudicado directo?”, se preguntó.
Así armó su propio amparo. “Yo lo que le dije… cuando yo tuve que vender trigo, soja y sorgo, el precio internacional era x, y en Argentina el precio que se pagaba era ese precio menos un diferencial, y ese diferencial no es ni más ni menos que los derechos de exportación”, explica.
Risso se detiene en aclarar un proceso que es natural en el sector agropecuario, pero quizá muchos no lo sepan: “Si a mí la soja me la debieran pagar 400 dólares en el mercado internacional, me la pagan 300. Esos 100 dólares de diferencia son los que el Estado le cobra al exportador, pero el exportador no lo paga de su bolsillo, lo saca vía un menor precio”.
Para sostener ese argumento, presentó liquidaciones propias y comparaciones de precios oficiales. “Acá está la legitimación, porque hay un principio de derecho… el principio de la realidad económica”, señala. Según ese criterio, quien soporta efectivamente el impuesto debería poder reclamar.
Del otro lado, la respuesta fue previsible. “El argumento de ARCA es que el sujeto pasivo del derecho de exportación es el exportador”, resume. Y lo lleva al llano: “Como usted es productor… usted no tiene derecho al pataleo”.
El fallo de primera instancia recorrió parte de esa discusión, pero terminó en la conclusión habitual. “Cuando vos empezás a leer todos los considerandos del fallo, el juez parece reconocer toda mi argumentación, pero cuando llega al final dice la de siempre… el productor no es el sujeto pasivo, por lo tanto no tiene legitimación”, cuenta Risso.
La causa está hoy en la Cámara Federal de Rosario, luego de una primera instancia en el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo de Villafuerte Ruzo. Los plazos están vencidos, pero no hay resolución. “Presenté un pronto despacho y la Cámara me responde… que están tapados de trabajo”, relata. Y traduce: “Hablando en criollo, me dicen: vamos a fallar cuando tengamos tiempo”.
En ese recorrido, la mirada de Risso se vuelve más amplia. “El camino judicial para el productor agropecuario es bastante tortuoso”, define. Y utiliza una imagen más cruda: “Uno pelea con un cuchillito de madera contra un monstruo, que es el Estado”.
Pero sus críticas no se limitan al Estado. También apuntan hacia adentro del propio sector. “La sensación que yo tengo es que el productor real de carne y hueso es un tipo que no tiene ninguna defensa”, dice. Sobre las entidades, agrega: “Dicen que reclaman… pero queda como algo totalmente declamativo”.
Respecto de los exportadores, es más directo: “El exportador le liquida la retención al Estado previo a habérmela cobrado a mí vía un menor precio”. Y remata: “No tienen ningún interés en promover un juicio contra el Estado”.
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En ese esquema, entiende que hay actores con mayor capacidad de presión. “Las grandes empresas tienen un poder de lobby que los productores no tenemos”, señala. El impacto, insiste, se siente con más fuerza en los productores chicos. “En Pergamino el promedio de las fracciones agrícolas es de 60 hectáreas”, describe. Y completa: “Hay mucha gente que vive del campo de manera real… y a toda esta gente este tipo de tema nos afecta muchísimo”.
A eso suma la cuestión cambiaria. “A nosotros nos pagan en pesos cuando al exportador le pagan en dólares”, plantea. Y cuestiona el sistema: “El mercado único y libre de cambio… de libre tiene poco”.
El expediente en Rosario abre una posibilidad, aunque él mismo la relativiza. Si la Cámara fallara a su favor, el caso escalaría. “Quien va a apelar va a ser ARCA”, anticipa. Y el destino sería la Corte Suprema, sin plazos definidos. “Es un juicio que puede durar tres, cuatro, cinco años… el resultado es absolutamente incierto”.
Mientras tanto, la pelea sigue abierta. “Estamos todos luchando nuestras luchas… como David contra Goliat”, dice. Y aunque la referencia es bíblica, la escena se parece más a la del hidalgo de Cervantes, y no es más que un productor solo, convencido de su causa, avanzando contra un sistema que, hasta ahora, no se ha movido.
