Atendiendo a las preocupaciones planteadas tanto por los estados miembros de ese bloque como por comerciantes y operadores externos, el Parlamento Europeo aprobó posponer la entrada en vigencia de la normativa 1115/2023, que estipula la prohibición de importar soja, carne y otros productos agropecuarios que provengan de zonas que hayan sido deforestadas, luego de que se acordara tratar la propuesta en forma urgente en octubre pasado.
Con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones se definió que los grandes operadores y comerciantes tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre de 2025 para cumplir con las obligaciones derivadas del reglamento en cuestión, mientras que aquellas pequeñas empresas tendrán un tiempo adicional, hasta el 30 de junio de 2026.
“Este plazo adicional permitirá a los operadores de todo el mundo aplicar las normas sin problemas desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley”, indicaron desde el Parlamento.
Pero durante la sesión realizada se sumaron otros cambios de consideración, ya que los miembros aprobaron enmiendas adicionales. Entre ellas se destaca una que apunta a la creación de una nueva categoría de países que no presenten riesgo alguno de deforestación.
De esa forma, a las categorías existentes de países con riego “bajo”, “normal” y “alto”, se sumaría otra de “países sin riesgo”, definidos como aquellos con “un desarrollo estable o creciente de la superficie forestal”.
Según se informó, quienes queden incluidos bajo ese paraguas se enfrentarían a requisitos “significativamente menos estrictos”, entendiendo que el riesgo de deforestación es insignificante o inexistente. Para esto, la Comisión Europea deberá terminar de desarrollar un sistema de evaluación comparativa por países antes del 30 de junio de 2025.
Es importante aclarar que para que estas modificaciones entren en vigencia, el texto acordado deberá ser aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento y publicado en el Diario Oficial de la UE.
En el mientras tanto, el Parlamento ha decidido devolver este expediente a la comisión para que se celebren negociaciones interinstitucionales.
La noticia fue celebrada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien indicó que aún con esta decisión aquella entidad “sostiene sus objeciones”. “Ahora el desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr que nunca se implemente este tipo de normativas que implican una invasión sobre la soberanía nacional. Somos parte de la solución, no del problema”, afirmó.
“Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”, sostuvo a continuacion.
