¿Debe destinar la Secretaría de Agricultura parte de su presupuesto a socorrer a universidades y escuelas agrotécnicas que, aunque vinculadas al sector, dependen presupuestariamente de otras jurisdicciones? La pregunta es pertinente y merecería un debate, especialmente cuando los recursos no abundan en ninguna de las áreas del Estado, que deberían entonces priorizar sus misiones y funciones más específicas.
Pero Julián Domínguez, ya hace más de una década, en su primer paso por el ex Ministerio de Agricultura, hizo escuela: no solo gastó millones de pesos entre profesionales universitarios para la redacción de un PEA (Plan Estratégico Agropecuario) que luego jamás se implementó, sino que durante sus gestiones se hizo costumbre que Agricultura destinara partidas de su presupuesto a los rubros educativos, pese a que su mantenimiento depende de otra cartera.
Esta práctica le retribuyó a Domínguez con la posibilidad de tener actos y sacarse fotos -especialmente en tiempos de campaña electoral- en ámbitos educativos vinculados con el medio rural, además de desviar algunos recursos del estado hacia circuitos claramente vinculados con la política, que también suelen esconderse detrás de instituciones académicas.
Esta lógica hizo escuela en Agricultura, donde la gestión de Juan José Bahillo continúa distribuyendo recursos bajo los fines nobles de colaborar con la educación rural. Hace unos días Bichos de Campo informó sobre una extraña convocatoria a universidades públicas vinculadas al agro para recibir aportes no reintegrables. Los plazos de convocatoria eran tan perentorios que daba toda la sensación de ser un concurso amañado, con los destinatarios del dinero ya preelegidos.
Ahora la Secretaría de Agricultura publicó en el boletín oficial la Resolución 222/2023, que creó (o recreó, porque en tiempos de Domínguez ya existían iniciativas parecidas) el Programa de Fortalecimiento de Espacios de Formación Agrosustentables, un programa que incluso lleva una sigla: FOEFAgro.
El FOEFAgro funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Mediados Productores Agroalimentarios, que dirige la silenciosa María de los Milagros Barbieri. Y su objetivo será “fortalecer y generar capacidades de las escuelas agrotécnicas en relación a la formación agroalimentaria sustentable de futuros técnicos y técnicas, promoviendo el desarrollo de proyectos productivos locales, a través de la provisión de equipamiento para los entornos formativos y prácticas profesionalizantes, que puedan ser de uso compartido con productores y productoras locales, o se puedan brindar servicios a los/as mismos/as, a través de la inversión realizada”.
Es decir, un objetivo tan amplio que será muy difícil discutir después si los recursos públicos estuvieron bien aplicados. Ya veremos los actos en diversas instituciones educativas que nos darán la pauta de hacia dónde puede haberse dirigido el dinero.
Curioso es que, por ser una política pública, tenga fecha de vencimiento. Pero la resolución establece que el programa “tendrá un plazo de duración de 18 meses, pudiendo prorrogarse por el término que establezca la Autoridad de Aplicación”. Eso sí, queda claro que el “gasto” (no se dice cuánto) que demande su ejecución será atendido con fondos del presupuesto asignado a Agricultura.
Las nuevas generaciones nos lo agradecerán.
