¿Quién brinda garantía a los consumidores que un producto que se promociona como “agroecológico” realmente lo sea? Por ahora nadie, al menos dentro de un marco legal adecuado. No existe hasta el momento ninguna Ley nacional o provincial que haya creado un sistema de certificaciones que otorgue certezas sobre el origen de la mercadería que se promociona como “sana, soberana y todo lo demás”. Y esta aclaración es necesaria a raíz de una serie de noticias aparecidas los últimos días.
Comer “agroecológico”, por lo tanto, es hasta ahora un acto de fe y de confianza en la cadena de suministro.
Los alimentos “orgánicos”, en cambio, si tienen una normativa que establece justamente ese sistema de certificaciones y que ya tiene más de 25 años de experiencia, porque fue dictada a mediados de los años 90. Se trata de la Ley 25.127, que establece un sistema de control. El Senasa allí es definido como la autoridad de aplicación, pero actúa como una certificadora de segunda instancia debido a que cede e empresas certificadoras la tarea concreta (para ser considerado orgánico, un productor debe probar que no usó ni agroquímicos ni transgénicos durante un lapso de tres años).
Uno puede estar de acuerdo o no, pero allí sí existe un sistema de validación: el productor debe rendir examen y cumplir con una serie de requisitos.
Con los productores “agroecológicos”, en cambio, esta es una gran materia pendiente. Podrían perfectamente utilizar el sistema ideado para los alimentos “orgánicos”, pero ellos mismos se niegan a hacerlo, primero porque tildan ese régimen como mercantilista y segundo porque ellos aseguran que lo que hacen implica muchas otras cosas además de producir. Por ejemplo, una suerte de posicionamiento político que muchos resumen en la frase “soberanía alimentaria”.
¿Y eso cómo se certifica entones? ¿En necesario hacerlo? Sin duda los consumidores tendrán derecho a exigirlo.
Vamos a un ejemplo práctico: la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) representa a miles de agricultores de los periurbanos y promueve a viva voz la agroecología como alternativa, pero apenas un puñado de sus afiliados (unos 200 para ser precisos) lleva a cabo por ahora este tipo de producción. ¿Cómo saber realmente si esa planta de lechuga que vende en sus locales o distribuye en los verdurazos es realmente de una quinta agroecológica? Imposible saberlo.
Repetimos: por ahora, sin normativa específica, es un acto de fe.
En los últimos días, sin embargo, han aparecido dos noticias que dan cuenta de cómo desde ciertos sectores del aparato público (una universidad y un ministerio provincial) se trata de resolver esta falencia más que evidente de quienes promocionan la “agroecología” como alternativa.
Por un lado, el sitio Sobre la Tierra publicó una nota sobre el sistema de certificaciones ideado desde la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), que hasta el momento solo llega a 5 emprendimientos del conurbano. Ya hemos hablado en Bichos de Campo sobre esta idea: se denomina “Sistema Participativo de Garantías” y se intenta remediar la falta de un sistema de certificación gubernamental para los productores agroecológicos.
“El SPG es un proyecto de la Fauba que trabaja junto a familias horticultoras del AMBA con el objetivo de acompañar y promover las prácticas agroecológicas. La iniciativa elaboró garantías que avalan aspectos productivos y sobre todo apuntan a visibilizar y tratar problemáticas del sector hortícola”, se explicó en el artículo.
Quienes participan son “estudiantes, docentes, consumidores, productores, y representantes de instituciones públicas y municipios”. Desde ese colectivo “ya se entregó el reconocimiento a cinco producciones hortícolas y ahora apuntan a expandir el modelo de garantías a todo del AMBA”.
¿Cómo funciona? Docentes de 11 cátedras y más de 40 estudiantes de diversas carreras y posgrados de la Fauba conformaron equipos de trabajo que visitaron cinco grupos hortícolas del AMBA y analizaron sus procesos productivos. Luego de analizado cada caso, se concede el aval, que no es “oficial” pero sí importante para validar frente a los consumidores. “Cuando el público conoce de qué manera se producen las hortalizas puede elegir y apoyar a los establecimientos agroecológicos. A su vez, las familias hortícolas obtienen datos y referencias sobre sus campos para tomar decisiones de manejo”, explicó Eduardo Wright, integrante de la Comisión Técnica del SPG.
El SPG de la Fauba trabaja por ahora solo con familias hortícolas que venden su producción en la Feria del Productor al Consumidor que se realiza en la misma facultad. Mariana Garófalo, productora de Agroecológicos MG e integrante de la feria desde sus inicios, contó: “La garantía nos pareció una muy buena iniciativa porque reconoció a quienes producimos de forma agroecológica. Además, durante las visitas del proyecto pudimos indagar en ciertos problemas que teníamos a nivel productivo. En particular, nos dijeron qué hongo afectaba nuestros suelos y cómo podríamos tratarlo. También analizaron la composición de los abonos que usamos”.
En otro plano, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez (en la foto de arriba), informó en las últimas horas que esa cartera “hizo entrega de las primeras certificaciones a productores que generan alimentos de calidad, de una manera más sustentable y amigable con el medioambiente, favoreciendo el desarrollo local y regional”.
¿Cómo es esto? ¿Quién certificó? La Provincia de Buenos Aires lanzó en la gestión de Axel Kicillof un plan de fomento a la agroecología. Y hay en digesto normativo resoluciones recientes que intentan convertir esto en una política de Estado. Fue dentro de ese marco que el ex Ministerio de Asuntos Agrarios se las ingenió para crear un sistema de certificaciones que supuestamente dará certezas sobre los productos ofrecidos por ganaderos y frutihortícolas de los partidos de Ayacucho, Berazategui y Florencio Varela.
Supuestamente, decimos, porque otra vez parece que habrá que creer o reventar.
“Se trata de pequeños y medianos productores que llevan adelante su trabajo sin aplicar fitosanitarios ni fertilizantes químicos, tampoco utilizan semillas modificadas genéticamente ni alimento balanceado para el caso del engorde de las vacas. Algunas de las prácticas alternativas que realizan son pastoreos rotativos, aplicación de biofertilizantes autoelaborados, autoproducción de semillas, y lucha biológica (atracción de insectos beneficiosos gracias a bandas florales y aromáticas)”, explicó el organismo público.
Esta iniciativa de certificación se inscribe dentro del programa de promoción de la agroecología del Ministerio. En la Provincia existe una ley, la 11.696, que declara de interés este tipo de producciones, pero se queda en eso. Luego, en junio pasado, Desarrollo Agrario dictó la Resolución 78, que define la creación del registro provincial de productores agroecológicos y habilita este programa de certificación. Pero en ningún lugar determina con exactitud parámetros objetivos para ser considerados como tal, ni se citan prácticas concretas prohibidas o permitidas más que una serie de generalidades.
El artículo 3º de esa norma solo define que los postulantes “deberán acreditar identidad, identificar el predio y presentar un detalle del proceso productivo indicando manejos y prácticas implementadas que contemplen como mínimo: a) Prevención y control natural de las plagas y enfermedades. b) Prácticas de producción basadas en el cuidado de los organismos vivos del suelo y su fertilidad, c) Cuidado del suelo y reciclaje de los nutrientes a través de rotaciones de cultivo y otras prácticas de combinación de producciones”. En el artículo que sigue define que la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria será la encargada de analizar la información y definirá si el establecimiento es “agroeoclógico”.
De nuevo, una certificación bastante difusa. Un acto de fe y, quizás hasta peor, teñido de política. Suponemos que habrá que hilar más fino en el futuro, con leyes o resoluciones mucho específicas y con organismos técnicos interviniendo más activamente.
Está buenísimo que los consumidores tengan certeza de lo que llevan a su mesa, de eso no hay duda! Pero que peligroso es disfrazar de lucha los derechos de los consumidores haciendo foco en quienes producen sin agroquímicos y sean ellos los que están sometidos a pruebas de sus prácticas cuando debería ser al revés, que quienes deberían tener más control y cuidado de sus prácticas son los que usan veneno y semillas modificadas! Es el mundo del revés, tal cual dice una hermosa canción de mi infancia,!