Entre los empresarios argentinos es muy frecuente utilizar una vara moral para medir las actitudes de los funcionarios públicos y otra muy diferente para juzgar sus propias acciones. De otro modo no se puede entender cómo dirigentes rurales y de los frigoríficos votaron ayer, en la asamblea anual del IPCVA, la designación de Ángel Vitale como director titular por la industria, en representación de una cámara que no funciona porque se quedó sin socios.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna realiza su asamblea anual todos los fines de marzo, para aprobar la memoria y balance, y distribuir los cargos del consejo directivo, que deben ser ocupados -según la ley de creación de este ente publico privado sancionada en 2001- por cuatro representantes de la producción (uno por cada entidad de la Mesa de Enlace) y tres por la industria de faena. Como allí son cinco las cámaras que quedaron en el texto legal (porque hace veinte años más o menos funcionaba ese número), los representantes de ese sector deben rotar en los cargos.
La última silla como consejero titular corresponde a la Secretaría de Agricultura y aunque en general es delegada por el secretario de Estado a su subsecretario de Ganadería, en este caso Sergio Iraeta quiso ocupar ese puesto y presidió incluso esta última asamblea.
Allí quedó firme por otro año el representante de Coninagro, Georges Breitschmitt, como presidente del IPCVA, en tanto que Mario Ravettino, representando los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, fue reelegido como vicepresidente por un nuevo periodo.
El consejo directivo del Instituto que debe promover la carne vacuna argentina quedó completado con Carlos Odriozola (Sociedad Rural Argentina), Ulises Forte (Federación Agraria), Martín Rapetti (CRA) por los productores y Antonio D´Angelo (por la Federacion de Industrias Regionales FIFRA) y el mencionado Ángel Vitale (por CADIF, una cámara que representaba a frigoríficos del conurbano).
Allí la curiosidad: Vitale volvió a integrarse al directorio pese a que todo el mundo de la carne sabe de su disputa histótica con los socios genuinos de la entidad que dice representar. Tanto CADIF como CICCRA son dos cámaras de la industria frigorífica que se han quedado prácticamente sin empresas asociadas, pero el IPCVA no tiene más remedio que dejarles una silla en su directorio (en las rotaciones entre frigoríficos) salvo que se proponga modificar el status quo establecido por la vieja ley de principios de siglo. Y para eso, insólitamente, se requiere de un a nueva ley del Congreso.
Pero en este caso hay un posible agravante que al menos hasta ahora no tuvo explicación pública.
En diciembre de 2025 Bichos de Campo escribió bastante sobre el caso del frigoríficos Mariano Acosta de Merlo, que fue reinaugurado en mayo de 2024 en un acto junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Gustavo Menéndez. Los políticos acudieron con la idea de que quien reabría esa vieja planta de faena era una cooperativa de trabajo llamada Familias Argentinas. Una breve investigación mostró que en realidad quienes estaban detrás de esa pantalla eran un grupo de socios con pocos escrúpulos.
La Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas nació -como su nombre lo sugiere- justamente rellenando todos los casilleros de cargos con los integrantes de una misma familia. Marcelo “Chelo” Majamu, el primer presidente de la entidad puso a su hermana Viviana y varios otros parientes de apellido Martínez. Luego, con un poder especial, cedió todo el control a José Belseny, que venía de trabajar en un frigorífico de la zona de Salto donde era asesor contable del Sindicato de la Carne local. Era él quien administraba todos los negocios y era el firmante de los cheques emitidos por la entidad trucha.
Pero la gran sorpresa es que detrás de esa mascarada es que el verdadero dueño de la pelota no es otro que el propietario del inmueble donde funciona la planta de faena en Merlo, situado en la calle Cassaux 2554. No es otro que Ángel Vitale, flamante director titular reelegido en el IPCVA.
Este sujeto hasta los primeros años del milenio, fue el titular del frigorífico Ganadera 2000, que funcionaba exactamente en el mismo edificio que ahora ocupa la cooperativa. Esa planta fue denunciada varias veces por evasión y también clausurada por razones ambientales. Dejó de trabajar cerca de 2004/05 básicamente porque los matarifes que llevaban allí su hacienda la “vaciaron” y fueron a faenar en otro lado. Quebró definitivamente en 2013.
La historia quizás tendría atenuantes si no fuera porque ese grupo empresario, detrás de la mascarada de la cooperativa de trabajo, mantiene todavía al día de hoy una deuda por cheques sin fondos por unos 4.000 millones de pesos con distintos proveedores de hacienda.
La relación es tan clara que el predio de Mariano Acosta también funciona actualmente la sede de la histórica Cámara Argentina de la industria Frigorífica (CADIF). En algún momento, esa entidad reunió a grandes empresarios de la carne del conurbano, como el grupo Penta, el grupo Navarro, el grupo Morrone o el del fallecido Jorge “Negro Martínez”. Son todos jugadores de peso que, a pesar de ello, fueron birlados por el mencionado Vitale, a quien habían contratado primero como secretario y luego pusieron como presidente de la entidad.
A fines de 2019, ese frente interno de frigoríficos consumeros empezó a desgajarse y queda claro que Vitale vió una posibilidad. Según anécdotas que son vox pópuli en todo el mundillo de la carne, y que confirman varias fuentes, cuando se debían elegir nuevas autoridades para Cadif, los libros de actas correspondientes habían desaparecido. Meses antes de la pandemia, Vitale se los había llevado, a la vez que había presentado una nueva acta ante la Inspección General de Justicia (IGJ) proclamándose como nuevo presidente de la organización.
“Este tipo había truchado un acta con la mayoría de firmas falsas, donde no figuraba ningún aval importante de los frigoríficos, para quedarse con Cadif. Se la apropió, nos la choreó. En su momento, se hizo una denuncia penal a la cual lamentablemente después no le dimos seguimiento, porque era escandalosa la situación”, rememoró uno de los empresarios que se quedó sin cámara patronal.
Desde ese día, además, Vitale se convirtió en consejero (titular o suplente, alternativamente) en la mesa directiva del IPCVA en representación de Cadif, y con ello cobraría un elevado estipendio mensual que ese Instituto (que se financia con aportes de ganaderos y frigoríficos) reserva para las diferentes cámaras y asociaciones que lo integran. Alguna fuente calculó que podrían llegar a ser unos 3.000 dólares mensuales, más un subsidio anual de 30 mil dólares, aunque no hay certeza sobre esta información.
Acaba de ser reelegido en la mesa chica del IPCVA, aunque difícimente concurra a alguna de las reuniones.
