El Consejo Directivo del INTA volvió a sesionar este jueves y aprobó la propuesta acordada hace dos semanas con Juan Pazo, el otrora secretario de Producción, para armar un consejo de cuatro asesores del Poder Ejecutivo que trabajarán en una propuesta de “modernización institucional”. Entre sus integrantes figura Inés Liendo, que viene de conducir la liquidación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI), de donde fueron despedidas 900 personas.
En el gremio específico del INTA no cayó nada bien la creación de ese cuerpo, ya que detrás de la tan mentada modernización ven la posibilidad de un fuerte ajuste que el gobierno quieren llevar a cabo en ese organismo tecnológico, y que ya comenzó con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios que achicaron la planta en cerca de 600 personas, y en la inminente subasta de un histórico edificio del INTA en la calle Cerviño, en Barrio Norte, como preludio posible a la venta de miles de hectáreas de campo.
Pero sobre todo, Mario Romero, el secretario general de APINTA, manifestó su indignación porque los cuatro enviados de Pazo, que fueron propuestos al Consejo Directivo (el máximo órgano de conducción, donde además tallan las entidades rurales y las universidades) por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y su vice María Beatriz Pilu Giraudo, cobrarán elevados salarios equivalentes a un director nacional de carrera en el organismo.
“Estas personas que vienen de la mano del presidente Bronzovich y de la vicepresidenta Giraudo van a cobrar salarios equiparados a los de directores nacionales asistentes o directores regionales. Cuando uno mira los currículum de los designados, nos encontramos con que uno de ellos tiene formación de estudios secundarios. En el INTA entraría equiparado a un técnico de apoyo y se le podría asignar como máximo un nivel de puesto de trabajo 5 y como máximo un grado escalafonario 15. Vienen a llevarse todo por delante la institucionalidad del INTA”, se quejó el gremialista.
La denominado “unidad consultora para la modernización institucional” estará integrada por la abogada salteña Inés Liendo, el veterinario Matías Nardello (fue funcionario de Senasa en tiempos de Macri y viene del laboratorio Biogénesis Bagó) y el agrónomo Luis Negruchi, que viene de colaborar en Expoagro con Aapresid, entidad de la cual provienen también las máximas autoridades del INTA.
A quien solo se acusa de tener el secundario completo porque nunca llegó a obtener el título de licenciado en relaciones públicas (le falta presentar la tesis) es Gustavo Javier Aguarrea, que viene de trabajar en la administración del PAMI de San Martín y de un hospital publico en CABA.
“El equiparar a alguien que tiene secundario con un director regional realmente es una ofensa para nuestros compañeros que tienen muchos años de trayectoria en la institución. Se llevan por delante las reglamentaciones vigentes. Indudablemente vienen a rapiñar en el INTA. Por eso ponen estos personajes que van a cobrar sueldos entre 3.700.000 pesos y 4.700.000 pesos, pero a los que también se le asignarán un vehículo, hospedaje y gasto de traslado.”, denunció Romero.
En la resolución oficial aprobada por el Consejo Directivo del INTA, en cambio, se le asigna a esos cuatro personas ajenas al organismo una tarea de relevancia: “La Unidad Consultora para la Modernización Institucional (UCMI) tendrá por objeto relevar el diseño, organización, funcionamiento y procesos de las diversas áreas que integran la estructura organizativa del INTA con el objeto de definir una estrategia para su modernización”, dice la norma a la que accedió Bichos de Campo.
Esta es la resolución:
IF-2024-137961336-APN-DNADGYFDLP%INTALo cierto es que la mayoría de los nombres, en especial el de Liendo, han sido promovidos directamente por Juan Pazo antes de que se le ordenara migrar primero a la Cancillería, donde no llegó a asumir, y luego a la flamante ARCA (la ex AFIP). La abogada salteña, interventora del INAFCI, y sobrina del funcionario menemista Horacio Liendo, había sido propuesta incluso como subsecretaria de Economías Regionales y de Pequeños Productores en la Secretaría de Agricultura, pero por la acumulación de tareas finalmente ese cargo recayó en otro funcionario.
La conformación de esta unidad fue uno de los acuerdos a los que llegó el ex hombre fuerte de Economía -desde donde relaman al INTA más despidos y que ponga a disposición miles de hectáreas de campos de experimentales que aparentemente no se utilizan a los fines del organismo-. Otro pacto fue darse un plazo de 75 días para analizar la estructura de personal necesaria para el Instituto.
Esta Unidad Consultora, según la decisión del Consejo Directivo, donde hay cinco consejeros de las entidades del campo y dos de las universidades, además de tres representantes del Poder Ejecutivo, tendrá carácter transitorio, por un plazo de 180 días hábiles administrativos, es decir unos 9 meses corridos.
La resolución confirma que “los miembros de la unidad revistarán como agentes extra escalafonarios equiparados, a los efectos de su remuneración, al nivel de los directores nacionales asistentes del INTA y la determinación del grado escalafonario en orden a los antecedentes profesionales acreditados. El INTA atenderá los gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes, en caso de resultar necesario”, tal como denunció Romero con indignación.
“Nos van a salir bastante caros estos personajes que se asustaban con los litros de nafta que gastaban los trabajadores del INTA para salir a visitar productores o ensayos en diferentes lugares del país”, especuló el gremialista de APINTA, para quien no queda otra que “estar preparados para luchar, poner en práctica en cualquier momento el plan de lucha, porque la verdadera casta de la política son ellos, es Aapresid, es Giraudo, es Bronzovich y toda la banda que trajeron adentro del INTA”.
