Las autoridades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) dispusieron que a partir del 1 de enero de 2025 toda semilla de las especies Avena sativa L. y Avena bizantina K. Koch que se comercialicen en el territorio argentino deberán ser de clase fiscalizada.
Esa medida –instrumentara por la resolución 216/2023–, si bien conceptualmente contribuye a desarrollar el cultivo, generó polémica en el ámbito semillero porque, en la actual coyuntura, podría resultar contraproducente.
La fiscalización obligatoria incrementará los costos para las empresas semilleras y, por ende, hará subir los precios del producto en el mercado formal.
La cuestión es que, si no se incrementa el control y la semilla ilegal sigue pululando sin inconvenientes, la fiscalización brindaría una “ventaja competitiva” a quienes operan por fuera del sistema formal, dado que podrán ofrecer un producto a un precio más accesible.
Los antecedentes inmediatos de esa medida son el raigrás y la alfalfa, dos especies que cuentan ya con fiscalización obligatoria y que conviven con un importante mercado ilegal de “bolsa blanca”.
En ese marco, la ventaja inicial de todo nuevo lanzamiento orientado a renovar la genética de la especie se diluye a medida que los operadores ilegales multiplican posteriormente semilla para venderla de manera informal.
Por tal motivo, los integrantes del sector semillero reclaman a las autoridades del Inase que la fiscalización obligatoria se implemente de manera simultánea con el refuerzo de los controles necesarios para restringir a una mínima expresión el comercio ilegal de semillas forrajeras.
Adicionalmente, señalan que deberían implementarse incentivos para promover el uso de semilla fiscalizada, tal como sucede en Uruguay, donde el monto invertido en semilla puede deducirse en 1,5 veces del Impuesto a la Renta (equivalente al impuesto a las Ganancias en la Argentina).
Existen 25 cultivares de avena con propiedad intelectual vigente, la mayor parte de las cuales corresponden al INTA.
