El gobierno de Javier Milei, a través de una decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aceptó revisar por primera vez los títulos de posesión de tierras otorgadas a ciertas comunidades indígenas por las gestiones anteriores. No lo hizo, sin embargo, en un rapto revisionista sino presionado por el gobierno de Mendoza, quien había judicializado el trámite de entrega de 24 mil hectáreas ubicadas entre Malargüe y San Rafael, muy cerca del complejo Las Leñas, a comunidades mapuches.
En tres resoluciones, el INAI aceptó “proceder a la reapertura administrativa” de tres expedientes de l programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas realizado al amparo de la Ley 26.160″, y al mismo tiempo decidió “instruir a la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas a fin de realizar y arbitrar todas aquellas acciones que resulten necesarias y conducentes para dar la efectiva intervención a la Provincia de Mendoza, orientadas a realizar el análisis pormenorizado de los distintos componentes” de cada una de esas tres carpetas.
Las cesiones de tierras que ingresarán a revisión son la de la Comunidad Lof El Sosneado, la de la Comunidad Lof Limay Kurref ubicada en el paraje Los Molles (esto es en el camino de acceso a Las Leñas), y la a Comunidad Lof Suyai Levfv, también de Los Molles, departamento Malargüe.
Estas resoluciones habían sido adelantadas el jueves en San Rafael por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien celebró la revisión de estas tres cesiones de tierras realizadas a comunidades declaradas como mapuches en el gobierno de Alberto Fernández. Mendoza siempre cuestionó estas medidas que afectaron tierras fiscales del Estado mendocino. Ahora, el INAI “reconoce que deben darnos la debida participación al Ejecutivo provincial, tal como lo establece la ley y no como hizo el Gobierno nacional anterior, que les dieron tierras que están ubicadas en lugares estratégicos con factibilidad de petróleo y de minería, entre otras bondades”, indicó el mandatario.
En total, las tierras en litigio son 24 mil hectáreas. Por este asunto, Mendoza decidió recurrir a la corte suprema de justicia en 2023 “un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas Resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”. Al cuestionar la cesión de tierras a esas comunidades, la provincia alegó que el reconocimiento como tales “adolece de una evidente falta de rigor científico, en particular en su aspecto histórico” y “carece de bibliografía específica que sostenga ninguna de sus conclusiones, pero fundamentalmente no ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino”.
Desde la visión mendocina, “esta provincia fue habitada por dos grandes grupos, uno encabezado por los huarpes al norte y los pehuenches y puelches al sur y que no ha habido presencia ancestral de los pueblos mapuches en el sur de la Provincia de Mendoza”, destacó aquella presentación.
Por otra parte, el Ejecutivo provincial advirtió oportunamente que las Resoluciones ahora revisadas “desconocen en forma expresa, decisiones adoptadas por Tribunales Provinciales que han evaluado la situación de las comunidades y han concluido en la inexistencia de posesión y/u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto”.
En sus tres resoluciones, el INAI recoge el guante y admite que Mendoza debía participar de la decisión técnica, en su carácter de autoridad provincial. “Conforme los términos del Convenio de Colaboración, no se ha actuado de manera mancomunada con la Provincia de Mendoza, al no promover y facilitar la actuación del representante provincial en la Unidad Ejecutora Provincial tal como lo establece la reglamentación”, se reconoce.
“Corresponde reabrir el expediente administrativo a fin de revisar los componentes – hechos y antecedentes – que ha llevado al dictado de la Resolución por este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, es la decisión salomónica en este entuerto.
Igualmente esa sesión de tierras es solo una mínima parte de los territorios concedidos a las poblaciones indígenas por los tratados de 1834-1854-1889 que ninguna provincia respeto y que incluso desalojaron de sus tierras a estás comunidades. La exploración y explotación de sus riquezas les corresponden a las comunidades. El tema son los negocios que los gobernadores desde Roca al presente vienen haciendo con sus territorios.