En un año, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, el Fondo Estabilizador de Trigo Argentina (FETA) distribuyó entre 20 molinos harineros 31.100 millones de pesos, de los cuales 21.500 millones fueron a un solo grupo empresario: Molino Cañuelas. Con el dinero dedicado solo a esa empresa, que está en convocatoria de acreedores con un pasivo de 1.300 millones de dólares, el Estado podría haber comprado directamente 43 millones de kilos de pan -a 500 pesos por kilo-, el equivalente a casi 1 kilo de pan por cada argentino. Pero no lo hizo: nadie controló nada y esa formidable posibilidad de ayudar a los que menos tienen se desvaneció en el aire.
Convencidos de que este fideicomiso en realidad nunca tuvo el objetivo de paliar la suba de la harina, como dicen las normas que lo crearon, los diputados de la Coalición Cívica Lucho Bugallo y Marcela Campagnoli presentaron no solo una denuncia penar contra Roberto Feletti, el ex secretario de Comercio kirchnerista, sino también contra Molinos Cañuelas y el nuevo responsable del tema en este tramo del gobierno, el economista Matías Tombolini. La causa está dormida, aunque los legisladores siguen buscando pistas y pruebas. Sospechan que se trata de una maniobra para desviar fondos públicos hacia un operador privado, que debe unos 35.000 millones de pesos a bancos y organismos públicos.
En ese derrotero, Bugallo y Campagnoli acaban de recibir de parte de BICE Fideicomisos, otra empresa estatal que administra el cuestionado fideicomiso harinero, una respuesta al pedido de acceso a la información pública que presentaron hace unas semanas. Allí las autoridades contestan con el listado de beneficiarios del FETA, que son 21 molinos de un universo de 153 empresas en todo el país. Pero lo más escandaloso es que tanto Molino Cañuelas como Molino Florencia (que forman parte del mismo grupo económico) figuran al tope de los beneficiarios. Cobraron unos 21.300 millones de pesos hasta el 31 de marzo de 2022, el 69% del total de los recursos.
En sus respuestas, los administradores del FETA jamás informaron cuántas toneladas de harina subsidiaron con esa fortuna. Y mucho menos controlaron que esos subsidios se hayan aplicado efectivamente a la venta de pan común más barato, que era el objetivo declamado por Feletti a la hora de poner en marcha este mecanismo. Por el contrario, la harina subió en el mercado -según el INDEC- más que la inflación general de precios, casi 110%, cuando los precios del trigo apenas lo hicieron un 60%. Cuando arrancó el operativo, en marzo del año pasado, el pan costaba 260 pesos por kilo. Ahora vale más del doble.
Nadie controló que semejante masa de dinero se aplicara efectivamente a subsidiar los valores finales del consumidor porque está claro que esa no era la verdadera idea urdida en los despachos del poder. Feletti comenzó a diseñar este fideicomiso en diciembre de 2021, pocos meses después de que Cañuelas ingresara en convocatoria de acreedores, y lo impuso a pesar de la resistencia de toda la industria molinera y de varios de los ministros de ese momento. Luego, cuando asumió Tombolini declaró que el mecanismo era ineficaz y se propuso redireccionarlo hacia las panaderías. Pero algo frenó ese impulso y el economista guardó violín en bolsa más pronto que tarde.
“El dato más importante que podemos observar es la confirmación de nuestra sospecha por la cual en su momento realizamos la denuncia penal, y es que el FETA está armado a la medida de Molinos Cañuelas, ya que se quedó con el 65% total de los fondos hasta ahora distribuidos por el Estado. Una empresa deudora del Estado, en concurso de acreedores y con denuncias de prácticas de posición dominante en el mercado. ¿A qué juegan los funcionarios del Gobierno? ¿Qué hay a cambio de este curro armado a la medida de Cañuelas? ¿Cómo justifican semejante desvío de fondos a una sola empresa, en desmedro de toda la cadena molinera? Respuestas que hasta ahora no pudieron darnos”, declaró el diputado Bugallo a Bichos de Campo.
Luego agregó que “encima el supuesto objetivo de ‘contener el precio de la harina’ no se cumplió, ya que el precio del pan en marzo del 2022 (cuando se lanzó el FETA) costaba 200 pesos por kilo, hoy ronda los 800 pesos o más. Mientras el precio internacional del trigo (el motivo por el cuál justificaron la implementación del FETA) en marzo del 2022 llego a cotizar en 470 dólares por tonelada y hoy está en 230 dólares. Entonces, ¿el pan sube por la “guerra en Ucrania”, por la sequía, por culpa del gobierno de Macri? ¿O será que realmente el precio del pan sube porque hay una inflación descontrolada y demás, un nivel de presión impositiva que se queda con el 50% del costo de los alimentos en Argentina?”
Tombolini y el ministro de Economía, Sergio Massa, no solo conviven con este sistema a todas luces ineficaz sino que, sumándose a la red de complicidades en torno al FETA, acaban de decidir estirar su financiamiento hasta fines de 2023, destinando 1,3% de la recaudación por retenciones a los derivados de la soja. En un año normal serían 300 millones de dólares. En este año de seca bastante menos. En todo caso es plata que no llega a incidir en los precios de la harina. Y mucho menos abarata el pan para los consumidores más necesitados.
Ese dinero extra se sumará a los 13.500 millones de pesos que todavía tenía en su poder el fideicomiso al 30 de abril pasado, según surge del cuestionado enviado por los diputados de la Coalición Cívica.
“Cabe señalar que el FETA no opera como una entrega de fondos ex ante de las operaciones. Por el contrario, el Fiduciario paga a los molinos destinatarios las sumas compensables con posterioridad a la ejecución de las ventas. A tal fin, el Asesor de Revisión y Control realiza los controles previos sobre la facturación emitida por los molinos destinatarios a fin de determinar el importe a compensar”, respondió el BICE ante la consulta de los diputados. No dijeron que buena parte de esas facturas falsean los datos y que la red de distribuidores de la harina de Cañuelas la cobra finalmente mucho más cara a los panaderos.
El propio presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, admitió que la harina subsidiada debería valer 2.300 pesos por bolsa de 25 kilos. Pero que por fuera de ese sistema vale 3.900 pesos. Esa es la diferencia de la que se apropia buena parte de la cadena comercial, sin trasladarla a los consumidores. Todo, frente a una inexistencia casi total de controles por parte de Comercio Interior, que confía en las declaraciones juradas de los molinos beneficiarios.
Si el gobierno hubiera destinado eso 31.100 millones de peso a subsidiar directamente a los consumidores más necesitados, que era lo que proponían molineros y otros funcionarios, en vez de direccionar los recursos hacia un camino gris donde Cañuelas es casi una parada inevitable, el impacto de la ayuda sería mucho más visible. Al menos se podrían haber comprado y distribuido gratuitamente 62 millones de kilos de pan común. Solo con el dinero que cobró el principal grupo beneficiario se podría haber regalado un kilo de pan a cada argentino.
“Después de gastar más de 31.000 millones de pesos, reconocen que no hay un solo informe que refleje la efectividad del FETA, lo que demuestra no solo la poca transparencia en el uso de los recursos, sino que no les interesa saber la eficiencia de estos recursos, que en definitiva terminan transfiriendo los productores agropecuarios a un grupo de molinos favorecidos, y en particular Cañuelas”, insistió Bugallo.
El diputado bonaerense lamentó que “tampoco explican si en realidad les interesaba ayudar a las familias más vulnerables, porque no implementar un subsidio directo a la demanda más necesitada, vía Tarjeta Alimentar, por ejemplo, para los consumos realizados en compra de pan o productos farináceos, de esa manera el gasto del Estado sería más eficiente y por supuesto, más transparente. Pero es obvio que justamente ese no es la idea del negocio”.
