Las empresas pymes que producen biodiesel a partir del aceite de soja para el mercado interno profundizan su crisis. El precio lo tienen congelado hace 8 meses, básicamente porque las autoridades nacionales no dispusieron su actualización. Con los cambios que hubo en el tipo de cambio, en el precio de la soja y la inflación acumulada, los números hace rato que no cierran.
A ese problema coyuntural se agrega un condimento más estructural: en abril de 2021 vence el plazo de vigencia de la ley que le dio marco regulatorio en 2006 a la promoción de los biocombustibles y que disparó este tipo de inversiones. Los empresarios del sector no saben cómo van a seguir esas reglas de juego.
Alejandro Abad es el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que nuclea a las pymes productoras de biodiesel para el corte en el mercado doméstico del gasoil (se lo mezcla en una proporción del 10%).
En diálogo con Bichos de Campo, Abad explicó la situación: “Desde principios de diciembre de 2019 no se actualiza el precio. La nueva administración no lo actualizó, el precio está congelado hace 8 meses, esto es previo a la pandemia y muchas otras situaciones. El atraso del precio es del 25%, por lo que se volvió imposible producir y por eso la industria está paralizada”.
Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:
El precio intreno del biodiésel era, a diciembre de 2019, de 44.100 pesos la tonelada. Desde que arrancó el nuevo gobierno no sólo no fue modificado sino que casi no lograron atención alguna de parte de los funcionarios. “Tuvimos alguna que otra reunión, a cuentagotas, pero con las personas que toman las decisiones respecto de nuestra industria no hemos tenido relación”, se quejó el industrial. “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo parar poder destrabar este tema”, añadió.
Abad explicó que son 26 las empresas productoras de este insumo, y que están repartidas de forma federal en diferentes provincias. Dan trabajo en forma directa a 3.500 personas y las inversiones realizadas en estos años suman 250 millones de dólares.
Algo hay que hacer con ellas. Una chance es la obligada discusión en el Congreso sobre la vigencia de la ley 26.093 que dio marco normativo a la actividad desde 2006. “Esa ley tenía 15 años de vigencia pero entró en régimen 4 años más tarde. De cumplirse el plazo en abril, habrán sido 11 años efectivos. Por eso estamos pidiendo una prórroga para permitir una plena vigencia y el recupero de las inversiones. Estamos solicitando los cuatro años adicionales para el cumplimiento del mandato que de hecho en la ley está contemplado a sola discreción del Poder Ejecutivo”, expresó el directivo de las Pymes del biodiésel.
