El gobierno nacional dictó un período de conciliación obligatoria de 15 días para desactivar el paro que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) había anunciado para este viernes 19 de julio.
La medida, tomada esta noche por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, permitirá mantener las tareas habituales en la industria láctea.
De todas maneras, se desconfiaba del alcance real de la medida de fuerza, ya que la misma no estaba motivada por un problema de alcance nacional, sino por un conflicto puntual relativo a una sola empresa (SanCor).
En ese marco, era poco probable que el “paro nacional”, que además tenía una duración de cuatro horas, resultase en una medida de fuerza de alcance efectivo.
Al anunciar el paro, Atilra recordó en un acta oficial que en una audiencia realizada el 14 de noviembre del 2023 SanCor reconoció “la existencia de diferencias salariales en favor de los trabajadores comprometiéndose a regularizar la situación a futuro”, pero que todavía no lo ha hecho. Por aquellos días, el gremio mantenía bloqueados varias de las plantas de la cooperativa y rechazaba una propuesta de pago de la empresa.
Esas deudas salariales, que la empresa no desconoce, se habían generado a partir de una crisis previa de 2017, cuando se comenzó a pagar los haberes mensuales de los trabajadores “por debajo de la escala salarial vigente y aplicable”.
“Desde el mes de abril del año 2017 la empresa SanCor nos adeuda mensualmente a todo el personal de la empresa diferencias salariales estimadas en un 30%. Que en numerosas oportunidades la empresa nos prometió cancelar dicha deuda, realizando a lo largo de estos años varias propuestas y planes de pago que luego no cumplió”, señaló Atilra, para luego agregar que “en, lugar de cumplir las promesas, nos manifestó reiteradamente que si seguíamos reclamando, la empresa iba a pedir la quiebra y nos íbamos a quedar sin trabajo”.
Esta extensa negociación parecía comenzar a arreglarse a partir de que SanCor envió, el 6 de junio pasado, una propuesta de pago de la deuda salarial y regularización de los haberes mensuales a los trabajadores, que fue considerada y aprobada por el gremio en una asamblea al día siguiente.
Sin embargo, los sindicalistas indicaron que queda más opción que volver al paro porque “nuevamente la empresa incumplió su propuesta de pago de deuda salarial aceptada por los trabajadores”.
“Esta actitud de parte de la patronal no sólo resulta una falta total de respeto y consideración para con el organismo laboral, sino lisa y llanamente, una clara provocación a la entidad sindical y a los trabajadores”, se quejó Atilra, que habló además de un pasivo por aportes destinados a la seguridad social de unos 1500 trabajadores, que afecta a la obra social que maneja el gremio.
