El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. publicaron este martes la propuesta de reglamentación para que los elaboradores de biocombustibles puedan calcular los créditos fiscales por recibirán en función de la materia prima empleada.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), vigente desde 2022, dispuso extender el crédito fiscal de 1,0 dólar por galón para mezcladores de biodiésel y creó un crédito fiscal de 1,75 dólares por galón para combustibles de aviación sostenibles o SAF, pero también determinó que a partir de 2025 ambos serían integrados en un nuevo régimen denominado 45Z.
La cuestión es que la reglamentación del régimen 45Z quedó inconclusa al finalizar el mandato de Joe Biden y no fue prontamente resuelta por Donald Trump al asumir su mandato. Finalmente, Trump presentó una iniciativa legislativa integral –denominada “proyecto único, grande y hermoso”– que contiene un capítulo dedicado al régimen de promoción de biocombustibles, el cual fue aprobado a mediados del año pasado.
En lo que respecta a los biocombustibles, la norma contempla extender los subsidios hasta 2029, con la novedad que sólo sean elegibles aquellos biocombustibles elaborados con materias primas provenientes de EE.UU., Canadá o México. Eso es clave porque inhabilita la posibilidad de usar aceite de cocina usado o bien sebo bovino importado, que en los últimos años adquirió una gran participación en la matriz bioenergética de EE.UU.
A partir de ahora los interesados podrán realizar observaciones sobre la propuesta presentada este martes, la cual será debatida en una audiencia pública por realizarse el próximo 28 de mayo, lo que implica que la instrumentación efectiva de la nueva norma no será inmediata.
Un aspecto central de la propuesta, que aún no está definido, es cómo se calculará la “intensidad de carbono” de los insumos empleados para elaborar biocombustibles.
Mientras que el régimen anterior establecía créditos fiscales en base a parámetros nominales, el nuevo esquema determina que, para poder obtener una mayor proporción relativa de subsidios, las industrias de biocombustibles deben emplear cultivos con “baja intensidad de carbono”. La clave, entonces, reside en conocer cuál será la metodología para determinar esa variable.
En enero de 2025 el USDA hizo pública una versión beta de una “calculadora de intensidad de carbono de materia prima” (USDA FD-CIC), que contempla mayor elegibilidad a granos provenientes de sistemas que implementen buenas prácticas agropecuarias, como es el caso de la siembra directa, uso de cultivos de cobertura y gestión de nutrientes.
La propuesta presentada hoy indica que el USDA FD-CIC “se encuentra en fase de pruebas, revisión por pares y consulta pública, como preparación para la publicación de la versión final”, la cual podría incorporar “nuevas fuentes de datos, tipos de prácticas, otras materias primas o cambios en la especificidad geográfica”, lo que requerirá implementar registros trazables.
La noticia de la publicación de la propuesta –si bien falta mucho para la implementación efectiva– generó entusiasmo en el comunidad agroindustrial de EE.UU. y promovió alzas en los contratos futuros de maíz (fuente primaria de bioetanol) y de aceite de soja (biodiésel) del CME Group.
La Asociación de Combustibles Renovables de EE.UU. (RFA) celebró la publicación de la propuesta, pero indicó que “aún queda mucho trabajo por hacer y muchas preguntas por responder”, tales como el diseño final de la calculadora a partir de la cual se determinará la intensidad de las emisiones de cada producto.
RFA, por medio de un comunicado, también solicitó que “las regulaciones finales deben mantener un enfoque intuitivo y manejable para el registro, la presentación de informes y la gestión de datos”, de manera tal de no terminar creando un infierno burocrático para los productores estadounidenses.
Por su parte, Clean Fuels Alliance America indicó que “recibió con agrado las normas propuestas”, pero remarcó que “el retraso en la elaboración de la normativa generó incertidumbre en el mercado que afectó gravemente a nuestra industria, socavando la producción de combustible y el valor agregado en el agro”.
“La industria del biodiésel y el SAF ha demostrado su capacidad para satisfacer la demanda estadounidense de combustibles de transporte seguros y asequibles, así como para generar empleos y prosperidad en la economía rural”, añadió.
