Un clima de gran preocupación se extiende por estos días entre los productores de La Pampa. La razón es que el gobierno provincial anticipó una norma para reglamentar Ley 3288 de “Gestión Integral de Plaguicidas”, que para muchos sería tanto o más perjudicial que la normativa original aprobada cuatro años atrás. En ninguno de los dos casos, ni con aquella ley ni con la actual reglamentación, se buscó conciliar posiciones con los organismos técnicos o los propios usuarios.
“Notros teníamos una ley anterior de agroquímicos, que era muy sabia. Fue la primera del país junto de la de Santa Fe en la década de 1970, pero ya necesitaba una actualización. Fue así que la gestión anterior creó una comisión integrada por miembros del gobierno, instituciones técnicas y hasta el INTA, que trabajó duramente en un documento. Con el cambio de gobierno eso fue tirado a la basura”, recordó el agrónomo e integrante de la Asociación de Profesionales Agropecuarios de La Pampa (APALP), Carlos Portu, en una charla con Bichos de Campo.
Eso hizo que en 2020, ya durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, se aprobara la nueva Ley 3288, para muchos mal llamada “de plaguicidas” por incluir también la gestión de fertilizantes.
Mirá la ley aprobada acá:
ley-3288-gestion-integral-de-plaguicidas-la-pampa
“El gobierno de La Pampa increíblemente tiene un tinte conflictivo con el sector agropecuario. Esto se manifestó ya hace un par de años cuando, en plena campaña de soja, se prohibió la compra de agroquímicos en toda la provincia, y los productores nos quedamos sin poder controlar la chinche en soja. Tuvimos que ir a comprar productos a provincias vecinas”, relató Portu.
Esto quedó de alguna forma cristalizado en aquella legislación aprobada que, según denunciaron los productores por aquel entonces, ponía en riesgo a cerca de 200 mil hectáreas cultivables con la prohibición de las pulverizaciones terrestres a 500 metros de las zonas urbanas, y a 3000 metros de estas en caso de ser aéreas.
“El documento fue un corte y pegue de un fanático, que no ponía el centro en lo importante porque más de la mitad de la ley se ocupa del manejo de envases vacíos. Es una ley tendencial y mamarracho, que a pesar de que se elaboró un documento técnico que se le presentó a los legisladores no se cambió ni en una coma”, sostuvo el agrónomo.
Lo llamativo es que si bien el texto de la norma estipulaba un plazo de 120 días para su reglamentación, desde entonces pasaron cuatro años y la misma nunca se concretó.
Eso es lo que el gobierno provincial pretende cambiar ahora. Fue durante la última edición de la Exposición Rural de General Pico que autoridades locales anunciaron la puesta en marcha de la reglamentación, con un documento no visto por los productores.
“Se trabajó en absoluto silencio, sin consultas. Sin embargo, ante la presión por los dichos oficiales se convocó a un consejo consultor previsto por la ley y se logró obtener el borrador, que rápidamente se viralizó. Ahí nos dimos cuenta de que redoblaron la apuesta y hay una gran preocupación en todo el sector porque lo que se pretende es una avanzada del Estado en todo sentido”, afirmó Portu.
Mirá al borrador de la reglamentación acá:
PROYECTO DECRETO REGLAMENTACIÓN PLAGUICIDAS (1)
Entre los puntos que los productores denuncian como más conflictivos se destaca la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación y de verificar todos los equipos de forma anual.
Respecto de la compra de insumos fuera de la provincia, se destaca la aclaración que obliga a los asesores a informar de esta situación, y a realizar un “diagnóstico previo a la aplicación”.
Otro punto llamativo es que con esta normativa, ya no solo deberán entregarse en los Centros de Acopio Transitorio (CTA) los bidones de fitosanitarios, sino también el plástico o papel correspondiente a la etiqueta, la tapa del envase, el aluminio o material que se emplee para su sellado, y todo lo correspondiente a su embalaje.
A eso se sumara que su almacenamiento temporal por parte del usuario o aplicador en el campo, antes de su envío al CAT, deberá ser obligatoriamente bajo techo.
Finalmente, otros de los artículos que más preocupación generaron tiene que ver con las “facultades de verificación y fiscalización”, en donde se le otorga el poder a agentes policiales y a la misma autoridad de aplicación para ingresar a los campos en días y horarios hábiles, “donde se realicen actividades reguladas en la ley, pudiendo examinar y exigir la exhibición de documentación correspondiente”. En el caso de aplicarse cualquier tipo de multa por infracción, un 15% de eso se destinará a la caja policial.
“Esto no se necesita votar, la reglamentación la realiza el Poder Ejecutivo. Y si con la ley no se respetó la opinión de ningún organismo técnico, no esperamos que acá se nos escuche tampoco. Lo más probable es que quién lo quiera cumplir se vuelva loco, porque si sumás todos los puntos es realmente abrumador”, señaló Portu.
“Lo cierto es que quienes estamos disminuyendo las aplicaciones, haciendo siembra directa, cultivos de cobertura, pertenecemos al sector privado. Son todos los avances que se vienen dando. La verdad es que estos tipos se visten de ambientalistas pero no mueven un dedo de nada”, finalizó.
