“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación garantiza que está vigente la complementariedad entre el trabajo registrado y los beneficios de la seguridad social de trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales”.
Así lo indica un comunicado oficial difundido este viernes, el cual explica que el 18 de agosto de 2023 se publicó el decreto 423 que prorrogó el decreto 514/2021, que había dado vigencia a la promoción del trabajo registrado y la ampliación de los beneficios (tarjeta “Alimentar”) de la seguridad social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales y sus grupos familiares.
Es decir: esa norma establece que el trabajador temporario puede ser registrado por su empleador sin perder los planes sociales gestionados por el gobierno nacional.
“Sin embargo, el 2 de octubre de 2023, quien era presidente de la República Argentina, Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el Decreto 493/2023 que oficializó un ‘Nuevo IFE’ como ‘refuerzo para trabajadores informales’. Esta acción, que impedía que trabajadores registrados cobren la ayuda extra, en la actualidad condiciona al jornalero; y decide no registrarse para trabajar porque considera que perderá la ayuda o no la recibirá en caso de que hubiese una nueva”, señala el comunicado.
La realidad es que, a la fecha, el Decreto 493/2023 es modificado solamente por las resoluciones 202/2023 y 1178/2023, las cuales no establecen ninguna aclaración respecto de la mantención del beneficio para trabajadores temporales registrados. Por lo tanto, lo afirmado por el comunicado oficial no tiene, por el momento, una contraparte administrativa, salvo el hecho de la promesa verbal de que no se hará efectiva la restricción contenida en el Decreto 493/2023.
Pero la aclaración de la Secretaría de Agricultura es pertinente, por cuanto no se necesitaría ninguna nueva normativa para garantizar la continuidad de la compatibilidad, por cuanto el último IFE anunciado por Massa tuvo un exiguo plazo de vida de solo dos meses. Por lo tanto, ante su vencimiento, las condiciones legales volvieron a ser las que eran previamente a esa decisión, explicaron desde esa Secretaría.
Allí, por de pronto, tomaron nota de los intensos problemas que están teniendo muchas empresas agropecuarias para conseguir personal temporal para las cosecha. Los trabajadores suelen alegar que si son contratados regularmente para esa tarea perderán los planes sociales. La compatibilidad justamente apunta a que eso no sucede.
“Con pérdidas del 30% y hasta el 40% en tabaco; peras y manzanas que no se recolectan; cítricos que quedarán en las plantas en el litoral sin juntarse, las pérdidas son y pueden ser más importantes aún si no se consigue gente para trabajar”, dice el comunicado de Agricultura.
