Buena parte de la política extractivista instrumentada en la Argentina contra el sector agropecuario se sustenta en antiguos prejuicios que, a juzgar por las declaraciones de algunos integrantes de la corporación política, siguen más vigentes que nunca.
“Esta ley es una de las más grandes oportunidades para darle al campo el valor que tiene, para pasar de exportaciones primarias a exportaciones con valor agregado”, aseguró hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante una reunión realizada en el Congreso en la cual se prometió que –tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo– en el período de sesiones extraordinarias del presente mes de febrero se trataría el proyecto de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.
En el evento participaron varios representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), pero ninguno se atrevió a corregir a Massa, quien –como muchos de sus pares– sigue creyendo que un poroto de soja –por ejemplo– es un “producto primario sin valor agregado”, mientras que un celular ensamblado en Tierra del Fuego es un “producto con alto valor agregado”.
Desde Bichos de Campo nos cansamos de mostrar que el sector agroindustrial es el principal proveedor de divisas de la economía argentina y que, más allá del error conceptual de asociar “producto primario” con “bajo valor agregado”, solamente ese dato bastaría para entender que el sector debería ser estimulado en lugar de asfixiado con impuestos y regulaciones.
“En la era del crecimiento poblacional y la revolución de la tecnología y el conocimiento, la proteína y el capital humano son los dos valores más importantes de esta sociedad moderna”, aseguró Massa, quien no disimula ser un auténtico adalid de los lugares comunes.
“La idea de industrializar el campo es la mejor herramienta para este momento de la Argentina”, resumió el presidente de Diputados, aunque, para todo aquel que se haya tomado el trabajo de leer el proyecto, está claro que en ninguna parte del mismo se habla de “industrializar al campo”.
El proyecto de “Fomento Agroindustrial”, si bien tiene buenas intenciones, está diseñado de manera tal que su efectividad podría llegar a ser mínima porque no contempla –irónicamente– la dinámica del sector agropecuario.
Veamos un ejemplo práctico. En Uruguay la normativa vigente determina que el monto abonado por semilla original, multiplicado por 1.5, puede descontarse del Impuesto a la Renta (equivalente a Ganancias en la Argentina), lo que evidentemente estimula la compra de semilla fiscalizada.
En tanto, el proyecto de “Fomento Agroindustrial” propone la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias el 50% de los montos correspondiente a inversiones en genética (también en fertilizantes), pero para poder acceder al beneficio las empresas agrícolas deberán demostrar en cada ejercicio fiscal la superación de diferentes indicadores, como volumen de ventas, volumen de producción física, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas. Además de la burocracia y tiempos requeridos para realizar tales cálculos y validaciones, vale recordar que el agro es una “industria a cielo abierto” y que, por lo tanto, no puede controlar cuánto produce; tampoco tienen poder de influencia sobre los precios de venta.
En el encuentro realizado hoy en el Congreso participaron el ministro de Agricultura, Julián Dominguez; el secretario de Relaciones Institucionales de dicho ministerio, Jorge Solmi; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, y en representación del Consejo Agroindustrial Argentino estuvieron Alfredo Paseyro (ASA), Agustin Tejeda (Bolsa de Cereales), David Miazzo (FADA), Martín Rosenkjaer (Clera), Adolfo Franke (Cámara de Porcinos), Roberto Domenech (CEPA), Dardo Chiessa (Mesa Nacional de Carnes) y Silvina Campos Carles (Coninagro).
