¿Cómo hará el gobierno para desactivar el paro de los transportistas autoconvocados y los piquetes que desde hace 15 días mantienen sin operaciones los puertos del sur bonaerense? ¿Se pedirá la intervención de la justicia o seguirán haciéndose los distraídos con lo que sucede? Con preguntas de este tipo los representantes de los acopios, que en muchos casos también están impedidos de operar normalmente, fueron a ver este lunes al ministro de Agricultura, Luis Basterra.
El último viernes, el propio Basterra se había reunido con sus pares de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Mario Meoni, para analizar el conflicto con los Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), una agrupación de pymes camioneros del interior -en especial cerealeros- que se lanzaron a protestar y controlar cargas el 16 de enero. El impacto de la medida se sintió primero fuerte en todos los puertos, pero luego la Provincia de Santa Fe avisó que no iba a tolerar que se corte el tránsito de camiones. En Buenos Aires, en cambio, los puertos de Quequén y Bahía Blanca siguen cercados y nadie parece querer hacer demasiado para evitarlo.
En este contexto, las autoridades de la Federación de Acopiadores de Cereales fueron recibidas por Basterra, y el secretario de Agricultura, Julián Echezarreta. En algún momento se especuló que del encuentro participarían también los otros dos ministros nacionales, que el viernes habían prometido, después de dos meses de diversos conflictos que afectaron la llegada de los granos a los diversos puertos, “garantizar la seguridad y el flujo de la producción agropecuaria”. Pero no fueron.
Los acopiadores llevaron un cálculo terrible y doloroso en un país necesitado de divisas: ellos estimaron que el conflicto con los transportistas revoltosos del TUDA ya ha tenido un costo que supera los 100 millones de dólares. Pero lejos parecen de haber conmovido al gobierno.
Del relato de la reunión, más bien, parece hacer quedado claro que el gobierno nacional no tendrá una intervención activa para liberar las rutas que siguen bloqueadas y que, por el contrario, su estrategia apunta al desgaste y el aislamiento de los grupos de transportistas revoltosos.
En ese sentido, el ministro Basterra les informó a los acopiadores que el 4 de febrero se realizará en el Ministerio de Transporte de la Nación una reunión que convocará a dadores de carga y transportistas para negociar allí una actualización de las tarifas orientativas. “Solo podrán participar las entidades que representan legalmente al transporte de cargas”, aclaró un comunicado de los acopiadores que confirmó así el deseo oficial de aislar al TUDA del resto de las organizaciones que sí tienen personería gremial:
“De esta reunión participarán los representantes de los dadores de carga (Acopiadores y Mesa de Enlace) y de los transportistas. En este punto, aclararon que el gobierno nacional solo recibirá a las entidades y cámaras legalmente constituidas (CATAC, FADEAC Y FETRA) y no al grupo de transportistas autoconvocados”, precisó el comunicado.
En este contexto se puede interpretar también la intervención en el conflicto, el miércoles de la semana pasada, del titular de la Cámara de Diputados y referente político del ministro Meoni, Sergio Massa. A él recurrieron los transportistas rebeldes, pidiendo su intermediación para lograr una legislación que les asegure cobrar por lo menos las tarifas orientativas para los fletes con granos, una cosa que no siempre sucede.
“El diputado (por Massa) se comprometió a dar una respuesta en 48 horas. Este lunes a las 15 horas se venció el plazo que tenía Massa para dar una respuesta. Desde TUDA señalaron que no hubo comunicación alguna, por lo tanto, para los transportistas el diputado incumplió su palabra y el paro continúa”, informó el sitio Agrofy News esta tarde. También por estas horas los transportistas decidían de qué manera se retomaban las protestas en Santa Fe. Una de las alternativas analizadas era organizar una marcha de camiones sobre Buenos Aires.
Como única herramienta frente al recrudecimiento de los cortes y piquetes, el ministro Basterra recomendó a la Federación de Acopiadores, representada por Fernando Rivara, Alejandro Carelli y Daniel Asseff, que sean ellos (y nos los fiscales que dependen del Estado) los que hagan denuncias policiales.
“Desde el Ministerio de Agricultura nacional destacaron la necesidad de formular las correspondientes denuncias judiciales a aquellos transportistas que por estos días infligen las leyes y protagonizan hechos de violencia”, contó el comunicado de los privados, que fueron a manifestar al Estado su “profundo malestar por la extensión de los delitos y la pasividad de las fuerzas de seguridad, en especial de la policía de la provincia de Buenos Aires, ante hechos como la privación de la libertad a personas, la interrupción del abastecimiento a fábricas y puertos, y la imposibilidad de cumplir contratos, con la consecuente interrupción de los flujos financieros”.
“Es criminal que en un país tan necesitado de trabajo y generación de riqueza se atente contra la producción”, destacó Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores, quien explicó que las terminales portuarias se han quedado sin cereales, y hay industrias que ya sufren desabastecimiento, como plantas avícolas, tambos y molinos.
