Para muchos lectores de la realidad agropecuaria argentina, el pretendido “secretario de Bioeconomía”, Fernando Vilella, se parece a esta altura a uno de esos arbolitos decorativos, que se ponen en una gran maceta en una esquina del salón, para que embellezca el ambiente pero a la vez no incomode.
Sin duda, con su discurso a favor de la necesidad de exportar el doble que ahora, con una baja huella de carbono y agregado de valor a la biomasa, el funcionario engalana el discurso bastante primitivo de muchos libertarios que desembarcaron en el gobierno de Javier Milei.
Pero el funcionario parece estar completamente al margen de las cosas importantes que suceden en el área a su cargo, tanto que en estas horas no ofrece ninguna reacción ni resistencia a la ola de despidos que le han exigido sus superiores en el Ministerio de Economía, que a su vez responde a órdenes de la Jefatura de Gabinete, y que a su vez responde directamente al presidente Milei: la orden sería echar un 15% de la planta del Estado y ese momento será fines de marzo, cuando vencen cerca de 70 mil contratos.
Tanta es la ausencia de Vilella de los asuntos relevantes que el ex decano de la Fauba se encontraba por estas horas participando de la Iguazú Summit, una actividad organizada por el gobierno de Alemania para explicarles a los países del Mercosur cómo adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea en materia de importación de alimentos solo desde zonas libres de deforestación.
No es la primera poda que sufre el poder de Vilella en el gobierno. En Bichos de Campo ya hemos contado cómo fue que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (como se llama hasta ahora realmente) fue intervenida de hecho por el ministro Luis Caputo, a través de quien ocupa actualmente la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo.
De hecho, Economía mandó a dos interventores a Agricultura y Pazo asumió el control total de la Dirección General Administrativa (DGA) de ese organismo, que directamente se disolvió. Así, por primera vez en la historia, el secretario de Agricultura (que hasta 2022 era ministro) no puede disponer una contratación de personal ni derivar una partida presupuestaria sin pedir antes permiso. Hay una sumisión casi total de la política agropecuaria a la macroeconomía, que siempre suele ver al campo con ojos de caja registradora.
Fueron esos dos interventores los que en las últimas horas le comunicaron a Pedro Vigneau, el subsecretario a cargo de Agricultura en ausencia del catedrático, que debían confeccionar de modo urgente los listados para despedir (los libertarios dirán, “no renovar” los contratos) de algo más de 3.000 personas que trabajan actualmente allí, es decir el 15% de la plantilla actual. Son parte de los contratos que se vencen a fin de mes.
Esta ofensiva con las tijeras de podar fue confirmada a este medio por varias fuentes sindicales pero también por algunos funcionarios y además por empresarios del sector, que están muy preocupados por las repercusiones que esta medida tendrá no solo sobre el trabajo cotidiano dentro de ese organismo sino también sobre toda la agroindustria: Los gremios vinculados al área ya están en estado de alerta y movilización, a un tris de lanzar medidas de fuerza. Depende de cómo se manejen las cosas, este escenario podría desencadenar en protestas que paralicen los puertos y aeropuertos por donde deberían fluir las exportaciones.
Esas de biomasa, Desde zonas que no hayan sido deforestadas, eso sí, porque es lo que nos exige la Unió Europea.
El problema es que ni Vilella ni sus principales espadas se la veían venir. Por el contrario, en los últimos días lucían tranquilos y frente a muchos periodistas incluso declararon que no esperaban nuevo despidos en el área: se ufanaban de haber cumplido con el ajuste dejando de pagar seguros de varios autos, desactivando 500 celulares y dando de baja dos avioncitos.
El secretario de Bioeconomía, como le gusta que lo llamen, esperaba ver consagrada esta situación de estabilidad cuando finalmente, más de cien días después de asumido el nuevo gobierno, se conociera la nueva estructura del Ministerio de Economía, blanqueando el recorte de subsecretarios, directores nacionales y otros altos funcionarios. Pero esa normativa sigue demorándose, muchos de sus colaboradores están trabajando sin haber sido nombrados formalmente, y ahora la urgencia oficial ha virado hacia el recorte ya no de puestos políticos sino del personal común y corriente, la mayoría de los cuales ha sido precarizado en sus condiciones laborales durante años por el mismísimo Estado que debe hacer cumplir las normas.
Como un arbolito que solo adorna la esquina de una oficina vacía, Vilella se confió y esta poda forzosa lo encuentra sin haber ni siquiera planificado un eventual ajuste de personal, por lo cual lo más probable es que las listas de despedidos que debían presentarse en tiempo urgente incluirán a mucha gente que trabaja realmente y a poca gente que viene aprovechándose de su puesto en el Estado. Justos por pecados, como siempre, por culpa de un grupo de novatos funcionarios que casi ingresó al Estado por la ventana.
Los números de recorte exigidos por Milei se van modificando hora a hora, pero más o menos coinciden según las diferentes versiones: 1.300 despidos en INTA, otros 1.150 en Senasa, 400 en la administración central de la Secretaría, 50 en el INASE, 100 en Vitivinicultura, 80 en el INIDEP etcétera. Las listas comenzaron a escribirse desde la más espantosa improvisación. Lo más probable es que sea otro ajuste mal hecho.
El área más sensible es sin duda el Senasa, porque todas las gestiones -de todos los gobiernos- han venido diciendo que a ese organismo sanitario (que es el que debe asegurar la sanidad de las exportaciones y de lo que comemos los propios argentinos) le faltan técnicos y profesionales para cumplir con sus tareas.
Allí el presidente designado por Vilella, Pablo Cortese, un profesional de larga trayectoria dentro del propio organismo, se mostraba convencido de que no iban a ser necesarios despidos ni cambios de fondo en la estructura operativa (pensando en la eliminación de oficinales regionales u otras alternativas que estuvieron en danza), y por el contrario en los últimos meses estuvo renovando todas las líneas de mando heredadas de las anteriores gestiones. En esta idea de “cambios con continuidad”, Incluso designó a Héctor Bilbao, formado durante la gestión administrativa de la famosa e histórica contadora Rafaela Esber, como nuevo gerente general del organismo.
Ahora todos estos funcionarios estaban a las corridas confeccionando de urgencia las listas de posibles despidos exigidos desde las fuerzas del cielo. 15%. Ese es el mandato de los monos con navaja.
Desde sectores privados se le sugirió a Cortese una estrategia defensiva de urgencia: que convoque la semana que viene al Consejo Consultivo de Senasa, es decir al ámbito donde se integran las entidades agropecuarias, la Copal, las cámaras pesqueras, los exportadores agrícolas. La idea es que todos ellos podrían pronunciarse en contra de un ajuste salvaje en el Senasa, temerosos de sus consecuencias. Pero ya parecía tarde para gestos de ese tipo. Las listas deben presentarse antes de que termine la semana.
En INTA, una fuente gremial consultada por Bichos de Campo respondió que allí todavía “no ha llegado ningún pedido formal de despidos de personal”, aunque admitían que los funcionarios que secundan a Vilella habían impartido las instrucciones verbales. “No sabemos que puede pasar en los próximos días, es todo incertidumbre”, describió el estado de situación. Allí hay una mayor proporción de empleados en planta permanente, con lo cual sería mucho más difícil su remoción. En Senasa, en cambio, el porcentaje de contratados llega al 75%. Y en otros organismos hay porcentajes parecidos.
La modalidad de planta permanente en el Estado, tan denostada por opinologos sabiondos de TV y otros medios, es la manera legitima de ingresar. Hasta el empresario mas modesto toma un examen a los postulantes y elegiria al mas apto para un puesto. Pero el Estado, gracias al “prócer” Cavallo discontinuó eso alla por 1994 instalando el modelo de ingreso con contratos inestables y valores inconexos de la mano de políticos de turno, aunque el candidato se estrelle un helado en la frente. Como consecuencia, más del 75% de los trabajadores del Estado estan “en gris” y los sucesivos gobiernos se hicieron los distraidos. Si los hijos estudiosos de cualquiera de Uds. trabajara para el Estado, querrian que le den una estabilidad lógica, que tengan una carrera administrativa acorde a sus meritos y no dependan de un contrato de obra mentiroso y sin derechos. Cada concurso requiere un jurado prestigioso, permite competir a los aspirantes con reglas claras y otorga poder de veto si hay falencias. Quizas algun gobierno honesto solucione el tema.
Es una pena que se este “desarbolando” a estas instituciones. La mayoria no sabe que para pertenecer a ellas, el INTA por ejemplo, se requiere de un exigente concurso. De hecho con cada paso que se hace en la carrera es a fuerza de concursar. nada es permanente, quien asciende lo hace por cuatro años, siempre sujeto a concursos. Para ingresar es necesario completar mucho papel y examenes de todo tipo, incluyendo psicologicos ¿Pasa lo mismo con los cargos electivos de los municipio, provincias o nacion? Y hay una presion permanente por la excelencia trabajando con el objetivo concreto de la divulgacion tecnologica (siempre hablando del INTA) para que sea transferido el conocimiento y la experticia a quienes lo necesitan, sin costos. Por eso es injusto que se este hablando de podrar alegremente estas carreras que seguramente haran mucha falta cuando pase este momento donde lo unico que prima es la cosa financiera y nada mas. Un cementerio es superaviatario por definicion…
Pensé que encabezó la gremial docente en época de Alfonsín y fue el primer decano de agronomía de la democracia y se convirtió vocero de los agronegocios…..