El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto que pretende aplicar un nuevo impuesto a la “renta inesperada” que, en caso de aplicarse, terminará generando una nueva extracción al sector agrícola argentino.
El proyecto propone aplicar una sobrealícuota del 15% en el impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2022 con el fin –según aseguró el Ministerio de Economía encabezado por Martín Guzmán– de “evitar la concentración de la riqueza” al gravar una renta “que no fue producto de más inversión o mejoras en la productividad” (sic).
Lo cierto es que los mayores ingresos generados por la suba de precios internacionales –que en la Argentina ya están recortados por derechos de exportación, retenciones “cambiarias” y “encubiertas” (fideicomisos)– son necesarios para hacer frente a los costos extraordinarios del ciclo 2022/23.
El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que el costo de producción promedio en 2022/23, considerando a los seis principales cultivos, será de 375 u$s/ha versus 295 u$s/ha en 2021/22, es decir, experimentaría una suba en dólares del 27%.
Vale mencionar que el cálculo considera solamente la siembra y la pulverización de los cultivos de soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, a los cuales es necesario agregar costos de seguros agrícolas, alquiler (o costo de oportunidad de la tierra), cosecha, acondicionamiento, embolsado y flete.
Si al costo promedio por hectárea se le suma la superficie, entonces el costo de siembra y pulverización global, según la BCR, sería en el nuevo ciclo de orden de 13.500 millones de dólares versus 10.240 millones en 2021/22.
Considerando que los arrendamientos –que subieron en qq/ha de soja– se abonan en una “moneda” dolarizada y que los costos logísticos están subiendo en línea con la desregulación del precio del gasoil en el mercado mayorista, la inversión realizada en la nueva campaña por el agro argentino no será inferior a los 28.000 millones de dólares.
Por lo tanto, el agro, integrado mayormente por decenas de miles de pequeñas y medianas empresas familiares, es el principal inversor de la economía argentina con cifras muy superiores a las realizadas por cualquier otro sector o corporación.
