Que la justicia tarde doce años en juzgar algo es una cosa que solo puede suceder sólo en Argentina. Es el caso del procesamiento y embargo a los ex integrantes de la Mesa de Enlace, por una protesta que se hizo en la ruta 9 a la altura de San Pedro, en el marco del conflicto de 2008 por la polémica resolución 125.
Eduardo Buzzi, que en ese momento presidía la Federación Agraria Argentina (FAA), figura en la nómina de los procesados por aquella marcha sucedida enl 19 de marzo de 2008. En declaraciones a Bichos de Campo, el dirigente deslizó que los tardíos procesamientos podrían tener algúna razón política. Explicó que esta situación se debe a “torpeza a causa del intrincado y retorcido sistema que tiene la justicia ineficiente. Los abogados me dicen eso, pero los fantasmas están. Andá a preguntarle a un productor agropecuario que se enteró de esta noticia, si cree que es un problema técnico de la justicia y nada más”.
“Todo el mundo ve que detrás de aquellos símbolos emblemáticos que fuimos con Mario Llambías, con Luciano Miguens y demás, que hay una decisión o necesidad de judicializar futuras protestas. Esa lectura es válida. Por eso hubiera estado bueno que Luis Basterra (actual ministro de Agricultura) o algún funcionario dijera que lamentaban lo que está pasando y le pidieran a la justicia que actuara con criterio. Pero nadie se despegó, por lo tanto me voy a presentar para confirmar que no hicimos nada malo”, agregó el ex presidente de FAA. El actual presidente Alberto Fernández, de todos modos, a horas de estas declaraciones condenó la decisión judicial.
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El productor oriundo de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, preguntó: “¿Cuántas veces cortaron los accesos a Buenos Aires estos últimos años, o cuántas veces cortaron la 9 de Julio, los accesos a Rosario y las rutas? Los sectores sociales tienen derecho a protestar y cortan accesos a ciudades y puentes, mientras que a nosotros nos siguen jorobando con algo que pasó hace 12 años atrás. Si van a judicializar todo van a necesitar que tener 10 tribunales del tamaño de la cancha de River para poder meter todos los expedientes”, ironizó.
“Que se dejen de jorobar y esperemos que la Justicia termine con este asunto y que prescriba, porque lo único que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. Los demás, en algún momento, sí prescriben”, respondió Buzzi.
El embargo que les hizo el jueves es por 50.000 pesos. “Es una suma bastante simbólica, pero yo prefiero tenerlo en mi bolsillo. La otra opción es ofrecer un vehículo o una propiedad. Está bien; haremos eso hasta tanto la Cámara Federal de Rosario de por terminado este tema y se dejen de joder, porque nosotros no mandamos cortar la ruta a nadie”, respondió Buzzo contundente.
Entre los varios procesados en la causa que encabeza el juez nicoleño, figuran Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina (FAA), el ex titular de la SRA, Hugo Biolcati; Fernando Gioino de Coninagro, Raúl Víctores, expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro; Silvio Etchehún, secretario General del Sindicato de la Carne, María del Carmen Alarcón, que pertenecía al Grupo Pampa Sur, y hasta la ex diputada Margarita Stolbizer.
La causa, que está a cargo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, el mismo que tiene a su cargo la polémica de las aplicaciones de agroquímicos en Entre Ríos y Pergamino se radica con el argumento de que los procesados provocaron “entorpecimiento del transporte” afectando el normal funcionamiento del mismo el 19 de marzo de 2008.
