Un trabajo elaborado por economistas de las universidades de Ohio e Illinois advierte que los subsidios estatales destinados al sector agrícola estadounidense, si bien aseguran la sostenibilidad económica del sector, representan una “trampa” para los “farmers”.
En la última década la rentabilidad de las empresas agrícolas de EE.UU. se sostuvo no por ingresos genuinos, sino por los subsidios repartidos por el USDA
Al considerar los principales nueve cultivos, el trabajo señala que en el período los pagos de subsidios por los mismos sumaron un total de 120.000 millones de dólares nominales, mientras la rentabilidad genuina del negocio arrojó un saldo negativo de 32.000 millones.
Los programas para productos básicos del USDA representaron el 30% del total de los pagos de la red de seguridad, mientras que el 32% correspondió a indemnizaciones por seguros agrícolas netas de primas pagadas por los agricultores y el 38% provino de programas ad hoc y de emergencia.
“Incluso excluyendo los pagos ad hoc y de emergencia, debido a circunstancias especiales (como la guerra comercial y el covid-19), los pagos de productos básicos y seguros de cosechas superaron las pérdidas en el mercado privado en 42.000 millones de dólares”, indica el trabajo.
Por otra parte, entre 2012/13 y 2023/24, los activos agrícolas aumentaron un 52%, mientras que los bienes inmuebles agrícolas se incrementaron en un 59%. La deuda agrícola aumentó un 73%, mientras que la deuda inmobiliaria aumentó un 96%. Los gastos totales e intereses inmobiliarios aumentaron aún más: 87% y 100%, respectivamente. Es decir: buena parte de los subsidios agrícolas estatales se emplearon para financiar de manera indirecta al sector financiero de EE.UU.
Los economistas además indican que el precio de la tierra cultivable subió un 52% en el período, pero los valores de los arrendamientos apenas ajustaron en un 21%. “El precio de la tierra aumentó claramente más de lo que los agricultores estaban dispuestos a pagar por cultivarla. Varios factores podrían explicar la diferencia, siendo los pagos de la red de seguridad agrícola uno de ellos”, apunta el trabajo.
En otras palabras: así como el sistema parece estar diseñado en beneficio del sector bancario, claramente perjudica a los propietarios de tierra al momento de obtener su renta correspondiente.
“Se cree que el valor de las tierras de cultivo y otros activos reales está vinculado a la rentabilidad que generan en comparación con las inversiones alternativas. Para mantener el aumento del precio de las tierras de cultivo posterior a 2013, la rentabilidad del mercado privado debe aumentar, los cuantiosos pagos de la red de seguridad deben continuar, o las tasas de interés, una rentabilidad de la inversión alternativa, deben disminuir”, apunta el documento.
“El debate sobre la red de seguridad de la Ley Federal Agrícola ha enfatizado la necesidad de aumentar los niveles de apoyo a los programas de productos básicos y los subsidios a las primas de seguros. Se está proponiendo asistencia ad hoc adicional si la guerra arancelaria provoca una caída en las exportaciones y los precios de los cultivos estadounidenses. La presión para obtener más pagos se enfrenta a una era de presupuestos federales más ajustados, por lo que podrían no materializarse”, añade.
Sin embargo, los economistas advierte que hasta que los subsidios agrícolas no sean actualizados, los actores del mercado esperarán que continúen y los incorporarán a los costos, como la tierra y la maquinaria, en un proceso que, si llegara a cortarse, generaría un desastre.
“La agricultura estadounidense se enfrenta a una trampa de pagos gubernamentales. Deshacer esta trampa traerá, lamentablemente, consecuencias negativas, como un mayor estrés financiero y quiebras, a menos que el aumento de los precios o los rendimientos aumente la rentabilidad del mercado privado o bajen los tipos de interés”, alertan.
“La trampa y sus posibles consecuencias negativas podrían haberse evitado en gran medida si los pagos anteriores de la red de seguridad agrícola no hubieran superado las pérdidas del mercado privado. Limitar los pagos totales futuros a no más de las pérdidas del sector agrícola sería un primer paso para deshacer la situación y probablemente mitigaría las consecuencias negativas. En términos más generales, los responsables de las políticas deberían procurar siempre evitar que los pagos totales de la red de seguridad agrícola superen las pérdidas del mercado privado del sector agrícola”, resumen.
Los autores del trabajo son Carl Zulauf del Department of Agricultural, Environmental and Development Economics/Ohio State University y Gary Schnitkey, Nick Paulson y Jonathan Coppess del Department of Agricultural and Consumer Economics/University of Illinois.
